Cuba: problemas y soluciones en Asamblea Nacional

El análisis de temas medulares para el funcionamiento del país y el bienestar de la población marcó la segunda jornada de trabajo de los diputados a la Asamblea Nacional del Po­der Popular, reunidos en comisiones, previo al V Periodo de Sesiones Ordinaria de la VIII Le­gislatura.

La comisión de Asuntos Económicos —en sesión conjunta con la de Industria, Cons­truc­ción y Energía, y la de Atención a los Ser­vicios— analizó las principales causas que entorpecen la producción y comercialización de materiales de la construcción y el otorgamiento de subsidios a la población. Esta sesión contó con la participación de los miembros del Buró Político del Partido Esteban Lazo Her­nández, presidente del Parlamento; el Co­man­dante de la Revolución Ramiro Valdés Me­nén­dez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado.

Respecto al cumplimiento del programa de producción local de materiales de la construcción, consta en el informe que el país se evaluó integralmente de regular. Las principales dificultades están asociadas a los subprogramas de producción, gestión de la calidad y ventas. Se comprobó además que la planificación económica no fue previsora y oportuna, lo que impidió organizar la base productiva y ejecutar adecuadamente el plan.

En su intervención Francisco Díaz, presidente de la Organización Superior de Dirección Em­pre­sarial (OSDE) de Materiales de Cons­tru­c­ción, expresó que si bien hoy la demanda es superior a la producción, la industria está trabajando por cumplir todos sus indicadores. “Tenemos la responsabilidad de asegurar la producción ge­neral del país y la venta en las tiendas del Ministerio de Comercio Interior (Mincin). En general estas actividades se cumplirán este año, excepto con el suministro de los materiales de piso en algunas provincias, limitados por cuestiones de transporte”.

Comentó también el déficit de equipos tecnológicos y sobre los problemas de recursos fi­nancieros; no obstante se realizan inversiones en las plantas de cerámica, los medios de transporte, y se ha autorizado un adelanto de financiamiento para el 2016 en el tema de la transportación.

Con respecto al cemento —dijo—, este año hay mayor capacidad de producción que disponibilidad de medios para transportarla. Co­mo alternativa se buscan opciones de traslado por vía férrea y marítima.

Por su parte Aida Cabrera, especialista de la Dirección Nacional de producción de materiales de la construcción, llamó a “lograr que todo lo que se pueda producir en el municipio se haga desde allí, aprovechando sus capacidades instaladas y recursos naturales, utilizando eficientemente la infraestructura. Esto trae como resultado que se puedan aplicar precios locales, fichas de cos­to bien ajustadas y eliminar intermediarios”, puntualizó.

A estas ventajas —añadió— se suma la apertura de nuevos puestos de trabajo, el efecto dinamizador de la economía, que haya sinergia con otros programas locales como el del agua y el de la agricultura.

Se explicó a los parlamentarios que en el 2015 deben terminarse alrededor de 17 000 viviendas, eso sin contar las 12 480 que el Estado debe entregar, con lo cual se calcula un promedio de 30 000 viviendas construidas al cerrar el año, expresó.

Gerardo Hernández, diputado por el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, enfatizó en el imprescindible rol que desempeñan los gobiernos de los municipios en el programa. En cuanto a los subsidios —opinó— es una noble voluntad del Estado, pero hay que prestarle atención al seguimiento de estas ejecuciones. “Los municipios en su administración no tienen estructura de personal calificado para esa actividad o al menos no funciona”.

Sobre la producción industrial y local Silvia Martínez Bello, diputada por San Miguel del Padrón, apuntó que la población se queja porque los bloques no tienen la calidad requerida; aspecto sobre el cual Francisca Zayas, diputada por Nuevitas, Camagüey, señaló que el problema no es el cemento, sino la dosificación de lo que llevan los bloques e insistió en el chequeo y certificado de calidad de todos estos productos.

Martha Ileana Pérez Matos, diputada por San­tiago de Cuba, se refirió a la necesidad de aumentar la estimulación económica para motivar a los trabajadores. Por otro lado, recalcó la urgencia de garantizar los medios de protección.

El tema de la calidad fue reiterado por Rafael López Acosta, de La Habana, quien expresó que para lograrla debe existir un examen y chequeo sistemáticos, para evitar luego productos ociosos en las tiendas.

René Mesa, ministro de la Construcción, convocó a lograr a nivel local un sistema de control de la calidad similar al que se implementa a nivel de la industria, y dijo que aun cuando algunos productores insisten en llevar directamente a la casa de la gente los productos sin la mediación del Mincin, ello propicia descontrol y malversación.

Respecto al tema de la comercialización, Ra­fael López Acosta, diputado por Playa, La Ha­ba­na, opinó que la falta de los instrumentos de medición hasta la fecha y el uso de otros que no son idóneos para el pesaje ha generado una se­rie de ilegalidades. “Lo otro es que hay que ha­cer revisión exhaustiva de los precios en las tiendas de materiales, porque muchos productos no están con los precios según resolución”.

Tania Duconger, presidenta de la comisión de Atención a los servicios, señaló una serie de fallas detectadas en los controles y visitas de los diputados a los territorios: la no utilización de los manuales de procedimiento de las tiendas para la venta de los materiales; la comercialización por reventa de manera ilegal; los desvíos de los camiones  y otras debilidades. “El control desde las administraciones y gobiernos locales es fundamental. La ilegalidad, el robo al presupuesto del Estado y la reventa no se pueden normalizar”, dijo.

“Tiendas de honradez faltan en los territorios”, señaló Ramiro Valdés. Los máximos responsables de que esa mercancía arribe a su destino, prosiguió, son los productores y transportistas, y quien tiene que controlar ese proceso es el Consejo de la Administración Pro­­vincial o Municipal. Significó que para re­solver el problema del fondo habitacional urge potenciar la producción local.

“Sin embargo, de nada vale el esfuerzo en este sentido si se mantiene impune el delito. Hay un grupo de personas que se están haciendo holgadamente ricas a costa de las necesidades de la población y del presupuesto del Es­tado y no podemos admitirlo”, subrayó.

En su intervención, Esteban Lazo Her­nán­dez coincidió en hacerle frente a la delincuencia en ámbitos tan sensibles para la población. También expresó que las soluciones a los problemas discutidos debían venir de la integración de todas las partes implicadas. Llamó a tomar medidas severas contra los que malversan: “se han cometido ilegalidades hasta con los subsidios que son esfuerzos que este país hace para ayudar a la gente más necesitada, eso merece un castigo doble por la inhumanidad” manifestó.

ATENDER A NUESTROS MAYORES ES GARANTÍA DE FUTURO

Ante el elevado índice de envejecimiento poblacional, que ascendió al 19 % de personas con 60 años o más, resultó oportuno que la Comisión de Salud y Deporte abriera sus sesiones de trabajo poniendo en el debate el tema de la fiscalización de las nuevas medidas para los hogares de ancianos y casas de abuelos, aprobadas por el Consejo de Ministros en septiembre del 2013.

A partir del recorrido por diferentes territorios, los diputados señalaron entre las deficiencias las condiciones estructurales desfavorables, la falta de control del presupuesto, la baja cobertura de los insumos de avituallamiento, el pobre suministro de frutas y vegetales, el deterioro del mobiliario no clínico y las serias dificultades en los servicios de lavandería, en­tre otros.

Con respecto al presupuesto, se informó que el país asignó para el 2015 unos 66 millones de pesos para la intervención en este tipo de instalaciones, de los cuales se han ejecutado 40 mi­llones.

Pero los diputados debatieron sobre la preocupación de que provincias como Villa Clara, la más envejecida del país, apenas ejecutó el 29 % del presupuesto que se le asignó, con las consecuentes afectaciones que ello trae a estos servicios.

El ministro de Salud Pública, doctor Roberto Morales Ojeda, señaló que situaciones como la de esta provincia, dan cuenta de las dificultades que aún persisten en la gestión administrativa en cada uno de los territorios, pues otras cumplieron con las medidas en el marco de lo establecido. Es además, dijo, una situación que se ha señalado con anterioridad pues también afecta a los hospitales, policlínicos y consultorios.

El titular señaló, no obstante, que en sentido general se han cumplido los objetivos de recuperar lo que tenemos para poder avanzar y no cometer el mismo error de acumular el deterioro, a partir del diseño de planes de inversión y mantenimiento.

En relación con el impacto de estas medidas, la comisión pudo conocer que hoy el país cuenta con 258 casas de abuelos, 23 más que en el año 2013, y 8 794 capacidades. Con respecto a los hogares de ancianos, el informe presentado a la comisión recoge que hoy el país tiene 144 instalaciones de este tipo con un total de 11 505 camas.

Como uno de los grandes desafíos que en­frentará Cuba, se mencionó la enfermedad de Alzheimer, que padecen alrededor de 150 000 personas, y es además la primera causa de discapacidad en adultos mayores y la séptima causa de muerte en Cuba.

Solamente cuatro casas de abuelos, dos en la provincia de La Habana, una en Matanzas y otra en Camagüey, tienen la modalidad de atender ancianos con este padecimiento, por lo cual es una experiencia que se estudia con el propósito de extenderla al resto del territorio nacional.

Por su parte el viceministro de salud, doctor Alfredo González, ratificó que hoy es una prioridad el incremento de las ayudas técnicas, no solo dentro de las casas de abuelos y hogares de ancianos, sino también para los adultos mayores que reciben cuidados en sus casas o que pueden ser encamados, postrados o in­continentes. Dentro de estas ayudas mencionó los balones de oxígeno, las cunas, patos, sillas de ruedas y camas fowler, además de otras como módulos de aseo.

TRANSFORMARSE HASTA DONDE SEA NECESARIO

“Que un hospital vaya bien dependerá de un sistema integrado, donde tiene que funcionar de forma correcta el trabajo de la atención primaria de salud y el resto de las instituciones del sector”, aseguró Juan Luis Marcelo, diputado por el municipio de Fomento, de la provincia de Sancti Spíritus, en el análisis de cómo han impactado las transformaciones necesarias en salud en los servicios hospitalarios del país, otro de los temas que ocupó la agenda de trabajo de la Comisión.

El viceministro de Salud, doctor Alfredo Gon­zález, señaló a los diputados que en la atención hospitalaria se ha trabajado de manera general el mejoramiento estructural de las instituciones, el rescate del método clínico con enfoque epidemiológico; además de aspectos relacionados con el confort y mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida para el paciente ingresado y las consultas externas.

Otras acciones desarrolladas han sido la proyección comunitaria de las especialidades, la guardia localizable según necesidades y la clasificación de los centros de acuerdo con su misión y complejidad.

Asimismo, el doctor Alfredo González informó a la comisión que se avanza en un proceso de recapitalización tecnológica e ingeniera de los centros asistenciales. Destacó que si bien en el 2013 solo se destinó a la compra de equipos médicos seis millones de pesos, hoy esta cifra asciende a 60 millones, y se incrementará.

“Aún estamos insatisfechos con muchos in­dicadores, como la lista de espera quirúrgica que rebasa actualmente las 9 000 personas, aunque hay que decir que por cuarto año consecutivo se ha logrado más de un millón de intervenciones quirúrgicas”.

Durante el debate el diputado de Ciego de Ávila, Raunel Hernández, subrayó que las trans­formaciones no pueden perder esa capacidad de adecuarse a lo que cada contexto requiera, en beneficio de la población.

El Ministro de Salud insistió en que hoy se prioriza la solución de la que ha sido una de las principales insatisfacciones de la población cu­bana, referente a la infraestructura y aseguramiento logístico de las instituciones. “No po­demos tener servicios sin agua, con problemas de iluminación y deterioro. Los insumos y re­cursos que den confort y mejoren las condiciones de vida y trabajo tienen que estar disponibles”, dijo.

RECOGIDA DE DESECHOS: ¿HASTA CUÁNDO?

El estado de recogida de desechos sólidos en el país sigue siendo un problema no resuelto que además de afectar el entorno de las ciudades constituye un riesgo para la salud de la población.

El diputado de Santiago de Cuba, Jorge Al­berto Miranda, presentó un informe de se­gui­miento sobre el tema y manifestó que aún persiste la inestabilidad de la recogida, especialmente en las zonas periféricas de las provincias. “Faltan contenedores, es un problema la falta de saneamiento alrededor de estos, mu­chos están deteriorados y atenta contra la recolección de la basura y la recogida de es­combros el mal estado de las calles”.

La comisión manifestó que es doloroso ver cómo a pesar de que este tema ha sido reiteradamente discutido, aún no se avizora una solución o estrategia que permita resolver la proliferación de microvertederos con la consecuente indisciplina social que esto genera.

Los diputados pudieron contar con la información ofrecida por Aizel Llanes Fernández, directora territorial del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), quien explicó que la estructura actual de servicios comunales atenta contra el buen funcionamiento de esta actividad, pues la institución no está solo encargada de la recogida de los desechos, sino que tiene que atender múltiples servicios.

El bajo coeficiente de disponibilidad técnica de los equipos es otro elemento negativo, además del volumen de contenedores, camiones de volteo, piezas de repuesto, cargadores que se deben importar cada año, señaló Llanes Fernández.

Sobre la actual situación de La Habana, ejem­plificó que si bien se importaron unos 9 380 contenedores de basura para cubrir el déficit, al menos unos 6 000 deben quedarse en reposición pues se deterioran muy rápido por las indisciplinas.

“Esta situación con la basura, por muchas cosas que hagamos dentro del sector de la salud, perjudica la calidad de vida de nuestro pueblo. Tiene que haber una urgencia en la solución, una voluntad más allá, que se le dé el carácter de emergencia que tiene”, reflexionó la diputada Teresa Pérez Morales, del municipio de Bejucal, provincia de Mayabeque.

AL AGUA, PARTICULAR ATENCIÓN

Con la presencia del presidente de la Asam­blea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, quien consideró la temática como “fundamental”, los diputados recibieron un detallado informe sobre el abasto y la calidad del agua para consumo humano en el país, solicitado en el periodo de sesiones de diciembre pasado.

La presidenta del Instituto Nacional de Re­cursos Hidráulicos (INRH), Inés María Chap­man, explicó a la comisión que la Política Na­cional del Agua establece cuatro prioridades: el uso racional y productivo del agua disponible, el uso eficiente de la infraestructura construida, la gestión de riesgos asociados a la calidad del agua y la gestión de riesgos asociados a eventos extremos del clima.

Chapman subrayó que un elemento que incide en la calidad del agua es su origen y al respecto mencionó que las redes del país son tratadas a través de plantas potabilizadoras y otras vías. “Hoy existen más de 14 000 focos con­taminantes que atentan contra el agua, en­tre fosas, pozos de infiltración, basura y otros”.

La presidenta del INRH informó respecto a la cobertura del abasto que un 73 % de la población recibe el agua por redes, el 12 % tiene fácil acceso a este recurso, un 7 % es de servicio pú­blico, mientras que el 8 % pertenece a la población dispersa sin acceso.

Asimismo, informó Chapman, se evalúan los lugares más vulnerables y se revisa la disponibilidad de productos para la potabilización. “Está prohibido abastecer agua a la población si esta no cumple con los tratamientos previos”, subrayó la presidenta del INRH.

Por su parte el doctor Armando Garrido, director Nacional de Salud Ambiental del Minsap, refirió que hoy el comportamiento de las enfermedades diarreicas y el cólera es favorable, y no hay brotes por causa hídrica. Insistió en la necesidad de que la población tome las medidas necesarias en la correcta manipulación de los alimentos.

Chapman mencionó que en estudios que se han hecho, se estima que el país necesita una cifra de alrededor de 11 000 millones de pesos para resolver los problemas de abasto y saneamiento del agua, para un estimado de 50 años.

Los 242 embalses que tiene el INRH se encuentran deprimidos hoy, a un 37 % de su capacidad, por lo cual hay que pensar en estrategias de recuperar el agua, pues no se avizora un cambio favorable en el régimen de precipitaciones.

La doctora Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, llamó la atención sobre los desafíos en la conservación de este recurso ante el cambio climático y fenómenos como la intrusión salina; aspectos en los que dijo hay científicos trabajando.

SOLUCIONES AJUSTADAS A CADA TERRITORIO

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Ber­múdez, miembro del Buró Político y primer vi­cepresidente de los Consejos de Estado y de Mi­nistros, las comisiones de Educación; Cul­tura; Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y la de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, desarrollaron el debate en torno al funcionamiento de los institutos politécnicos y las escuelas de oficios.

El diputado Enrique Charbonet Martell, quien dio lectura al informe de los resultados del control y fiscalización a esta actividad, explicó que si bien en la continuidad de estudio de noveno y doce grado se prioriza la formación de técnicos de nivel medio y obreros calificados de modo que responda a las necesidades del desa­rrollo económico-social del país y en correspondencia con las demandas de egresados territoriales; “esta no es suficientemente objetiva, lo que crea malestar e incertidumbre en la familia y los alumnos”.

Ejemplo de ello es que las demandas que realizan organismos como la Agricultura en territorios eminentemente agropecuarios son insuficientes aun cuando carecen de fuerza es­pecializada, mientras que otras entidades ofertan opciones que no están en correspondencia con el desarrollo económico del territorio.

Sobresalieron casos de empresas que, du­rante años, no han demandado plazas y sin embargo otorgan dispensas para ubicar a personas que no tienen el título idóneo; dificultades en algunos territorios para la ubicación de egresados de técnico de nivel medio, además de carencias materiales que limitan la realización de actividades práctico-demostrativas como ma­dera para carpintería y materiales de construcción, entre otros.

Por otro lado resulta vital seguir trabajando en todo lo relacionado con los convenios para garantizar la vinculación educación-entidad laboral.

Como parte de los debates, Miguel Limia, diputado del municipio de Campechuela en la provincia de Granma, expresó la urgencia de ha­cer énfasis en los temas de la formación y recalificación de los trabajadores en y desde el puesto de trabajo, en pos de “contribuir a que las entidades empresariales sean organizaciones en las que se aprenda”. Mientras que Esperanza González, diputada del municipio de Camajuaní, en Villa Clara, se refirió a la necesidad de rescatar el valor del trabajo desde las enseñanzas iniciales.

Mirta Millán, diputada del municipio especial de la Isla de la Juventud, por su parte, exhortó a seguir intencionando la presencia de los mejores claustros en aquellos centros con mayor cantidad de afectaciones.

En respuesta a algunas de las preocupaciones de los diputados, la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella conversó sobre el trabajo que han estado desarrollando en sus visitas a los consejos de dirección de los organismos y la evaluación junto a estos de su ineficiencia o inestabilidad en lo pertinente a las demandas, la cual debe hacerse, insistió, desde la base, teniendo en cuenta la fuerza que se necesita y con visión de futuro.
Sobre los recursos destinados a esta enseñanza, abundó en la prioridad dada a la compra de los módulos, como el caso de aulas de dibujo, dado que muchas de las es­pecialidades tienen dibujo técnico como asignatura.

Notificó, además, que recientemente se aprobó en la comisión económico-financiera la evaluación del estipendio a los estudiantes de la enseñanza técnica profesional. “Buscamos que esté en correspondencia con la cantidad de días de prácticas y, si bien no es una gran suma, al menos cuadriplica la cantidad actual”.

UN BOSQUEJO NECESARIO

Otro de los temas abordados por la comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, fueron los resultados de la fiscalización sobre el trabajo por cuenta propia que desarrollan las personas que se dedican al cuidado de menores.

La diputada Aymara Guzmán , secretaria de la comisión, destacó que en sentido general los padres señalaban satisfacción por el trato que reciben sus hijos, aunque continúan prefiriendo la opción del círculo infantil. Las razones fundamentales para ello eran “el nivel de socialización que logra el menor, la calidad que poseen y el ahorro que constituye no pagar las altas cuotas mensuales”.

Los padres coincidían, además, en la necesidad de mantener y fortalecer esta forma no estatal como una opción necesaria en los mo­mentos actuales.

La fiscalización descubrió que en muchos lugares las condiciones higiénico-sanitarias existentes en las áreas previstas para el cuidado y la protección del menor eran buenas, y que se realizaban actividades diversas para el desarrollo de habilidades educativas y formativas y proyectaban audiovisuales en correspondencia con la edad.

Trascendió, además, que muchas cuidadoras respetan los horarios de vida del pequeño y elaboran medios de enseñanza, que tienen sus carné de salud actualizados y que son visitadas mensualmente por inspectores de salud, así como médicos de la familia del área.

A pesar de ello, también se encontraron casas que se distan bastante de lo que se necesita para la formación integral de las nuevas generaciones; cuidadoras sin documentación legal para ejercer esta función; falta de preparación para el desarrollo de habilidades en los niños y condiciones higiénico-sanitarias deficientes, entre otros aspectos negativos.

Rosmeris Santiesteban, de la provincia de Granma, abordó la necesidad de que las diferentes organizaciones y ministerios (CDR, FMC, Salud Pública, etcétera) velen constantemente por el buen funcionamiento de los lugares donde se aplica esta modalidad de trabajo.

Misleydi Abad, de Ciego de Ávila, significó que el Mined puede generar cursos optativos que contribuyan a proporcionar elementos básicos a las cuidadoras. En tanto Sumira Acosta, diputada de Santiago de Cuba, expresó que ha de evitarse el hacinamiento en estos sitios.

Sobre estos temas, la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta E. Feitó, mostró preocupación respecto a la preparación de los asistentes para el cuidado de los niños —que en el país suman una totalidad de 1 726— pues las habilidades que no desarrollan los infantes a estas edades, no se recuperan nunca.

Asimismo, Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación, agregó que, aunque en el país hasta 12 000 niños están en casas de cuidadoras, y más del 80 % están dentro del programa Educa a tu hijo, este tema no debe descuidarse.

Irene Rivera Ferreiro, viceministra de Edu­cación, comentó por su parte sobre la importancia de que los padres asistan al programa Educa a tu hijo; que en caso de dudas, las cuidadoras pueden auxiliarse con las educadoras de los círculos infantiles, y de la necesidad de continuar, con más afán aún, la inspección y seguimiento a este tipo de modalidad.

RECREACIONES EN LA MIRA

Una vez más en esta jornada de domingo, la comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer se unió a la de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para evaluar los resultados del seguimiento al tema de los centros recreativos. Además, se discutió sobre las actividades para este verano con las máximas direcciones de los ministerios de Turismo, Comercio In­terior y Cultura.

Sobre el primer tema, el diputado Joan Cabo Mijares refirió que para el alcance de una recreación lo más plena posible, han de tenerse en cuenta las preferencias de los grupos etarios, las tradiciones e idiosincrasia de las localidades, y los niveles de instrucción, cultura y condiciones económicas de la familia.

Cabo Mijares dijo que existen dificultades en el acceso a un número considerable de las ofertas más atractivas por los altos precios; que no existe una política diferenciada de precios y abastecimientos en estos centros; que la variedad y calidad de las opciones recreativas reflejan marcadas diferencias entre las zonas urbanas y el resto de las comunidades, entre otras.

Julián González, ministro de Cultura, expuso que ciertamente ha de pensarse en nuevos espacios, “porque los que tenemos no satisfacen”. Asimismo, Manuel Marrero, ministro de Tu­rismo, informó sobre una serie de propuestas recreativas para el periodo veraniego, tales co­mo la existencia de paquetes turísticos y otras ofertas.
Al respecto, la diputada Jenifer Bello Mar­tínez, de la provincia de Matanzas, refirió que “se trata de opciones cerradas porque son para una minoría de nuestra población. Son propuestas que, como las fiestas cuya divulgación llega vía sms a nuestros celulares, siguen siendo para una población ínfima y no un reflejo de la realidad de los jóvenes de hoy”, sostuvo. Además, insistió en que ha de pensarse en los contenidos de dichas recreaciones.

PREVENIR DESDE EL CONOCIMIENTO

Desde un enfoque preventivo, con carácter pedagógico e integral, que sitúa a la familia y la escuela en el centro de las acciones, los miembros de la comisión de Asuntos Cons­titu­cio­nales y Jurídicos debatieron sobre las medidas adoptadas por el Sistema de Educación para enfrentar los riesgos del consumo de drogas.

Irene Rivera Ferreiro, vicetitular del Minis­terio de Educación (Mined), informó sobre el programa para prevenir las adicciones en el ámbito educativo, el cual abarca más de un millón y medio de estudiantes e incorpora más de 9 000 instituciones. Insistió, además, en el tratamiento del tema por la vía curricular y como contenido dentro de la superación.

Las estrategias, explicó la funcionaria, contemplan en los primeros grados el reforzamiento de los tópicos referidos a estilos de vida saludables, con énfasis en los daños que provoca el consumo de cigarros y alcohol.

“En los niveles superior y medio superior se pondera la información sobre los perjuicios del uso de drogas lícitas e ilícitas, incluyendo los psicofármacos y cannabinoides sintéticos, mien­tras que en el nivel medio superior se priorizan los temas de cultura jurídica, conocimiento del código penal y la responsabilidad que contraen quienes se involucran en hechos de esta naturaleza”.

Entre las principales acciones, resaltó la preparación de directivos y docentes a todos los niveles, atemperando las propuestas a las particularidades de cada lugar, así como la elaboración de folletos y productos audiovisuales que estimulen visiones críticas en los estudiantes sobre los materiales que consumen.

Puntualizó, además, en la actualización del Reglamento escolar y ramal el cual se encuentra en proceso de aprobación y considera como una indisciplina muy grave: procurar, portar, consumir e incentivar el uso de cualquier tipo de droga. Las penalidades van desde el traslado a otro centro educacional hasta la separación del Sistema Nacional de Educación para los que tengan 16 años o más. En el caso de los docentes quedan separados del sector.

Celso Gómez, funcionario del Mi­nisterio de Edu­cación Superior (MES), abundó en el Pro­grama Nacional de Prevención destinado a los centros adscritos a este organismo, cuya aplicación se extenderá desde el 2015 hasta el 2018, y tie­ne entre sus objetivos insertar en la estrategia educativa del año académico acciones que respondan a la labor preventiva frente al uso de drogas.

Mencionó entre las debilidades identificadas la insuficiente preparación del claustro de profesores en esta materia y la baja percepción de riesgo de la comunidad universitaria y subrayó la responsabilidad del MES con un trabajo diferenciado que consolide lo hecho en los niveles de enseñanza anteriores.
La necesidad de atender de cerca las vul­­­ne­rabilidades de las familias disfuncionales, que no se corresponden necesariamente con nú­cleos de bajos ingresos o signados por rupturas ma­trimoniales, fue un llamado de los diputados.

Joaquín Bernal, del municipio de Santo Do­min­go, de Villa Clara, insistió en la importancia de prevenir desde el conocimiento y en ese sentido “urge preparar y actualizar a los profesores pa­ra que puedan responder a las interrogantes de los alumnos con informaciones novedosas”.

Mientras, Belkys Pérez de Pinar del Río orien­tó el debate hacia los retos que supone pa­ra el sistema educacional un país cada vez más interconectado donde crece el consumo acrítico del “paquete”. El análisis de estos temas, sugirió, debe incorporarse a las escuelas de pa­dres, de modo que la familia pueda aportar más en la formación de los jóvenes.

María Esther Reus, ministra de Justicia, ponderó el desarrollo de planes preventivos y sistémicos y reconoció la situación privilegiada de Cuba en temas de enfrentamiento al consumo de drogas, pues cuenta con un programa integral.

La titular de Justicia resaltó la voluntad política del país para enfrentar el fenómeno e instó a perfeccionar los mecanismos de capacitación y divulgación, de modo que todos los ciudadanos conozcan los daños que provocan las drogas a la salud, la familia y la sociedad.

Traer el tema a la comisión no significa que el fenómeno constituya un problema en nuestra sociedad, acotó José Luis Toledo, presidente de la misma, sino que “responde al interés supremo de salvaguardar la tranquilidad ciudadana”.

SACUDIR EL LASTRE DE LAS PÉRDIDAS

Una apretada agenda reservó este domingo a los parlamentarios la Comisión de Asuntos Económicos, la cual puso a debate las medidas adoptadas con las empresas que presentaron de forma reiterada resultados negativos en su gestión y las fiscalizaciones realizadas a entidades que afectan el cumplimiento del plan de la Economía y la ejecución del Presupuesto, debido a violaciones en el control interno.

Sobre el primero de los temas, el diputado Ar­mando Utrera, vicepresidente de la comisión, informó que al cierre del 2014 terminaron con saldos negativos en su gestión 123 empresas, de las cuales 87 tenían planificadas utilidades por un monto de 75 millones 691 000 pesos y perdieron 322 millones 785 000 pesos.

A partir de estos resultados, dijo, fueron analizadas las entidades que durante dos o más años habían cerrado con pérdidas, examen que contabilizó 56 empresas, donde el 73 % de ellas per­tenecen al Ministerio de la Agricultura (Minag).

Luego de la conciliación con los organismos, trascendió que “se extinguen 24 de las empresas con deterioros sostenidos en sus indicadores desde el año 2012, otras seis tienen aprobado por la Comisión Económica Financiera trabajar con pérdidas hasta el 2016, mientras que se prevé la recuperación de 26 durante el año en curso, a partir de acciones planificadas por las propias entidades o por cambios en el sistema de financiamiento a recibir del Presupuesto del Estado”, comentó.

Del Minag específicamente, que concentra el mayor volumen, 23 tienen prevista su extinción y se encuentran en diferentes fases de ese proceso; 16 deben enrumbar sus resultados económicos durante este 2015; y otras dos entidades estiman recuperarse el próximo calendario.

Según el informe presentado, el Grupo Em­presarial Azcuba, que también cuenta con cin­co empresas con pérdidas, prevé su recuperación este año, luego de efectuar un grupo de acciones que les han permitido recobrar su gestión y en estos momentos muestran resultados positivos en sus estados financieros.

Además se conoció que al cierre del primer trimestre de este año 65 empresas de todo el país muestran pérdidas.

Durante las fiscalizaciones realizadas por los diputados en dicho periodo se comprobó, de acuerdo con Utrera Caballero, que en los primeros meses del 2015 existían entidades que no tenían en su poder el plan aprobado. Se evidenció, además, que aún persisten dificultades en el proceso de planificación, pues en varias empresas lo previsto difiere sobremanera de lo real obtenido.

Ello fue valorado de inaceptable por los parlamentarios, quienes reconocieron que mientras existan estas problemáticas no puede ha­blarse de desarrollo sostenible. De igual forma, insistieron en que los análisis superen el ámbito empresarial y tengan en cuenta las consecuencias negativas de las pérdidas en la satisfacción de las necesidades de la población.

Una intervención medular fue la del diputado Giraldo Jesús Martín, del municipio de Jo­ve­llanos, de Matanzas, quien reflexionó sobre los hondos problemas de la Agricultura en materia de gestión organizacional, descapitalización empresarial, insuficiente capacitación de los re­cursos humanos y baja aplicación de los re­sultados científicos.

Alexis Rodríguez, director de Contabilidad y Precio del Minag, explicó que la extinción de las empresas con pérdidas sostenidas no implica una disminución de los niveles de actividad sino un reordenamiento de los recursos para la prestación eficiente de los servicios.

Mientras Lina Pedraza, ministra de Finan­zas y Precios reconoció “la imposibilidad del Minag para dar respuesta por sí solo a la situación de las deudas que vienen arrastrando en su gestión, por lo cual habrá que darle seguimiento y apoyo”.

Los parlamentarios también intercambiaron sobre los resultados derivados de las visitas a 34 municipios del país, pertenecientes a las provincias de Las Tunas, Holguín, La Habana y Sancti Spíritus, con el propósito de fiscalizar la implementación de las medidas que aseguran el cumplimiento del plan de la Economía.

La diputada Gricel Castro, presidenta de la co­­misión, comentó que fue revisada la aplicación de la Resolución 17, del Ministerio de Tra­bajo y Seguridad Social, en 25 entidades de las provincias mencionadas.

Tales controles arrojaron que existen entidades que no tienen actualizada la guía de autocontrol de la Contraloría General de la Re­pú­blica ni los trabajadores dominan su contenido, persisten deficiencias en el control interno y en la gestión de los recursos humanos, pagos sin respaldos productivos, lo que afecta el Pre­supuesto del Estado, así como insuficiencias en el proceso de contratación que propician condiciones para presuntos hechos delictivos.

AGROINDUSTRIA DEL AZÚCAR EN EL LENTE DEL PARLAMENTO

La comisión Agroalimentaria dedicó la agenda de este domingo a la agroindustria azucarera, específicamente al análisis de los resultados de la zafra que recién culminó, las proyecciones para la molienda venidera, la marcha del proceso inversionista, así como los cobros y pagos pendientes.

Aun cuando la contienda 2014-2015 “mostró resultados superiores, con un 18 % de cre­cimiento respecto a la campaña de molida anterior” —según subrayó a la comisión el diputado Orlando Celso García, presidente del Gru­po Empresarial Azcuba—, ese salto no satisfizo la altura fijada en la varilla de crecimiento, al dejarse de producir unas 70 000 toneladas, equivalentes a cerca del 4 % del plan.

El miembro del Consejo de Estado y presidente de la Asociación Nacional de Agri­cul­to­res Pequeños, Rafael Santiesteban, y el presidente de la comisión —Bernardo Díaz— también ofrecieron indistintamente sus apreciaciones sobre lo perentorio de solventar viejas trabas.

Los obstáculos que frenaron en general las metas convenidas en dicho lapso (2014-2015) resultaron los ejes de las discusiones por los parlamentarios. En ese sentido, la diputada Adriana Gisbert, de Las Tunas, hizo énfasis en casos donde no se logró el completamiento del parque de camiones, cuestión que —unida a la llegada tardía de piezas de repuesto para las reparaciones— comprometió la puntualidad en los calendarios establecidos.

Se insistió igualmente en determinadas insatisfacciones en cuanto al sistema de pago de la caña por su calidad.

Acerca del tema de los ingresos, trascendió la preocupación de Leonardo Acuña, de Vert­ien­tes, dirigida al bajo sueldo de los trabajadores que se dedican a reparaciones de maquinarias, quienes tributan al aseguramiento de la zafra. Igualmente instó a que se estudien alternativas más asequibles en la prestación de servicios por diferentes entidades, pues hoy los precios de esas prestaciones son muy elevados.

Para que no se repitan los traspiés de la molienda 2014-2015, donde solo cumplieron sus adeudos 30 de los 50 ingenios que hicieron zafra y siete de las 13 empresas azucareras con que cuenta el grupo, el presidente de Azcuba informó qué se proyecta para la edición que se avecina. Dos centrales se incorporarán a sus actividades, el Quintín Banderas (Villa Clara) y Elpidio Gómez (Cienfuegos) y en total, serán 52 los ingenios a participar.

Según se anunció, se debe crecer entre el 8 y el 10 % en la producción cañera, al tiempo que se espera concretar un rendimiento industrial de alrededor del 10 %. Ese último porcentaje es el proyectado también para el crecimiento en la obtención de azúcar física, cuyo plan supera los dos millones de toneladas.

No obstante, la verdad, como siempre, será dicha en los campos y centrales cuando arranque la contienda, pues además de la actual sequía hay muchos otros aspectos que ajustar en el engranaje de la zafra.

Se dio a conocer además que el grupo está inmerso en la búsqueda de financiamiento externo y en la elaboración de una cartera de inversiones. Se consolidan, asimismo, alianzas estratégicas y se exploran mercados no tradicionales de equipos agrícolas e industriales.

El diputado cienfueguero Pablo Armando López, en valoración a Granma, apuntó la celeridad con que deben superarse las insuficiencias planteadas para revolucionar el sector. Entre esos retos mencionó el de armonizar la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de nuestra economía.