México retoma los principios de su política exterior

El actual gobierno mexicano, presidido por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), retomó los históricos principios de la política exterior de su país cuando en actitud soberana reconoció la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro y fomentó las bases para el establecimiento de un diálogo que quiebre los planes injerencistas de Estados Unidos en esa nación.

La posición mexicana es de suma importancia en momentos en que Washington ejerce una fuerte presión para desconocer a Maduro, electo en las urnas el pasado año con más del 68 % de los votos, en una liza donde participaron otros dos candidatos de derecha.

La prepotencia estadounidense, que históricamente marca a los países latinoamericanos, ha llegado a un punto en que solo la diplomacia y la inteligencia de los líderes nacionales evitarán una invasión militar al país suramericano, bajo el pretexto de una crisis humanitaria fomentada por la Casa Blanca.

Compleja es la situación en la tierra de Simón Bolívar, causada, en principio, por la actitud hostil de las dos últimas administraciones norteamericanas —Barack Obama y Donald Trump— que con el interés de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela han impuesto sanciones inhumanas al gobierno de Maduro y en consecuencia a su pueblo, que resiste de manera heroica el asedio desde hace casi dos décadas.

El régimen ultraderechista de Washington, entre otras medidas, ha secuestrado los ingresos de la filial petrolera PDVSA en Estados Unidos para golpear aún más la ya debilitada economía venezolana. Para desconocer a Maduro inventaron a un casi desconocido político, Juan Guaidó, al que ordenaron autoproclamarse, desde su posición de líder de la Asamblea Nacional en desacato, como presidente encargado del país, un paso sumamente peligroso en las relaciones internacionales. Son 17 naciones las que dan su espaldarazo a Guaidó, mientras 193 respaldaron a Maduro con su presencia en la toma de posesión el pasado 10 de enero.

El ciclo para destruir la Revolución Bolivariana se va cerrando. Trump decidió, con el mayor descaro de este mundo, continuar con la recepción de petróleo venezolano pero pagándole, no al gobierno legítimo, sino a Guaidó. Mientras, el Banco de Inglaterra retuvo 12 000 millones de dólares en oro de las reservas venezolanas ahí depositadas. Pero, sobre todo, se promueve el respaldo político de los gobiernos derechistas de la región latinoamericana y de la Unión Europea al autoinvestido cargo de supuesto gobernante, sin poder alguno.

MÉXICO RESPALDA A MADURO Y SE DESLINDA DEL GRUPO DE LIMA

El presidente López Obrador habló claro y firmemente en cuanto a los principios de su gobierno en defensa del derecho de los venezolanos a respaldar a su mandatario e ignorar al diputado Guaidó.

En medio de esta compleja circunstancia, que Estados Unidos ha internacionalizado con sus aliados europeos y latinoamericanos, México se proyecta como la nación soberana que durante décadas defendió la no intervención en los asuntos internos de los países y el respeto a sus dirigentes electos en democracia.

A pesar de las opiniones de la derecha mexicana y los grupos mediáticos de opinión, el futuro presidente de México invitó a Maduro a su toma de posesión, un indicador claro de que la política internacional volvería a un rumbo trazado en 1930, y violado por los derechistas que ocuparon la llamada Casa de los Pinos, residencia del jefe de gobierno, entregada por AMLO como un museo a ser visitado por el pueblo.

López Obrador, inmerso en su batalla contra la corrupción y la criminalidad, y el cumplimiento de planes para impulsar la economía nacional, fue rotundo: “Sobre Venezuela, es nuestra política de no intervención y determinación de los pueblos”, establecida en el Artículo 89 constitucional.

En conferencia de prensa, el mandatario que asumió el pasado 1.^o de diciembre confirmó que las autoridades mexicanas “no podemos desconocer o reconocer a un gobierno de otro país”. En esa nación suramericana, precisó, se debe buscar “una solución pacífica sin violencia, equilibrar entre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y los derechos humanos”, principios de la carta magna mexicana que el pasado día 5 cumplió 101 de su promulgación.

El jefe del ejecutivo federal aclaró que en el mundo “ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías; son otros tiempos, los pueblos tienen que autodeterminarse, es lo más adecuado”, prosiguió AMLO, quien junto a Uruguay se ofreció hace pocos días a organizar un diálogo nacional del gobierno socialista de Maduro y la derechista oposición.

Aun cuando la postura mexicana puede traer una fricción con su vecino estadounidense, que puede intentar entrometerse directamente con México y junto con él su comparsa de la Unión Europea, el gobierno federal y su máximo dirigente están dispuestos a aguantar la presión.

A lo interno, las resoluciones de López Obrador levantan voces opositoras —que apoyan al autotitulado Grupo de Lima, fundado por gobiernos de derecha tras el fracaso de querer imponer en la Organización de Estados Americanos la Carta de Derechos Interamericanos— procedentes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El presidente que está dándole un vuelco de 180 grados a la política interna, recupera así, en este entramado internacional contra Venezuela, los principios de política exterior característicos de México, a los que renunciaron y actuaron alineados a Estados Unidos los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Para el nuevo ejecutivo mexicano se trata del apego a una tradición diplomática existente en el antiguo país de los aztecas, basada en cinco principios de carácter universal: la autodeterminación de las naciones, la no intervención en los asuntos internos de otros países, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de los conflictos internacionales y la cooperación internacional para el desarrollo.

Al contrario del saliente Peña Nieto, que actuó abiertamente contra Caracas desde el Grupo de Lima, pidiendo a los países latinoamericanos y caribeños ser más duros con Venezuela, el izquierdista López Obrador retomó la llamada Doctrina Estrada, promulgada en 1930, que colocó los principios ahora defendidos por su gobierno.

Esa fue la norma de oro que rigió la política exterior de México, único país de América Latina que en 1962 mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba cuando fue expulsada de la OEA por su proceso político revolucionario.

La renovada práctica democrática toma su nombre del entonces secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Genaro Estrada Félix, quien expuso sus bases el 27 de septiembre de 1930, las cuales establecían que su país no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobiernos de otras naciones ni los calificaría.

El texto confirma que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante (…) a la soberanía de otras naciones; coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.

El documento restringe las acciones de las administraciones federales a : “Mantener o retirar, cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras”.

La doctrina Estrada colocó como elementos rectores de la diplomacia de México los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

En un artículo publicado en Rebelión, el politólogo Eduardo Navas recordó que, tal como indicara el historiador y analista mexicano Arnaldo Córdova: “Podría pensarse (y algunos lo hicieron en sus tiempos) que la tesis era un modo muy oportunista de lavarse las manos ante los compromisos que imponía la actuación del país en los asuntos internacionales. No había tal. La Doctrina Estrada era, esencialmente, un escudo de autodefensa que se esgrimía contra los poderosos y no contra los iguales. En el fondo, era también una defensa de los débiles”.

Y, señalaba Córdova: “…la aplicación de tal doctrina estaba lejos de representar el inmovilismo o neutralidad del país en el ámbito internacional. Unos años después, ya con Cárdenas en la presidencia, México defendió activamente a la República Española, se opuso a la intervención de la Italia fascista en Etiopía, y a la anexión de Austria y de los Sudetes (una parte del territorio checo donde había población alemana) por Adolfo Hitler.

En 1978, refiere el artículo, contribuyó al aislamiento del régimen somocista en Nicaragua —favoreciendo con ello a los revolucionarios sandinistas— al romper sus relaciones con este, como en 1974 lo hizo con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile; y en 1981, formó frente con Francia para declarar la beligerancia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en la guerra civil de El Salvador, además de integrar el Grupo Contadora con Panamá, Colombia y Venezuela, para contribuir a la solución pacífica de los conflictos armados en Centroamérica. En todos esos casos, la diplomacia mexicana se constituyó en un escudo contra la intervención de las potencias armadas en los países más débiles.

Tal solidaria y democrática posición, que ahora vuelve a la práctica, fue posteriormente consagrada en la Constitución mexicana.