La maldad del gobierno de Estados Unidos

Cada día que transcurre en la guerra no convencional de Estados Unidos (EE. UU.) contra Venezuela, altos dirigentes de esa potencia mundial anuncian nuevas medidas coercitivas que quiebran las leyes internacionales ante la mirada perezosa de organizaciones creadas para detener el posible holocausto de ese país.

Las noticias procedentes de Washington y de países fronterizos con la nación que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, además de oro y otros recursos naturales, indican que esta semana (aunque puede ser una noticia mentirosa de desestabilización) deberán ocurrir otro alto número de provocaciones. Este lunes, sin previo aviso y en contravención de las leyes, un grupo de testaferros ocuparon las sedes diplomáticas venezolanas en EE. UU., un suceso impermisible en el contexto mundial.

La administración de Donald Trump repite la estrategia de castigo colectivo —usada en los 90 en Centroamérica— con un embargo financiero desde agosto de 2017 y otro comercial, desde enero último, contra Caracas, además de las continuas agresiones en instituciones económicas y sociales estatales.

Durante una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el derechista senador Marco Rubio alertó que Venezuela iba “a entrar en un período de sufrimiento que ninguna nación ha confrontado en la historia moderna”.

Hay actitudes consideradas sicópatas —como mínimo obsesivas— en importantes figuras norteamericanas, como el general de Brigada (r), Anthony J. Tata, quien aseguró que Trump contempla todas las opciones para lograr el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, incluso asesinándolo..

“Necesita entender (Maduro) que una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela. Eso es solo el resultado final, y tenemos esa capacidad”, expresó Tata durante una entrevista concedida a Fox News.

También el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró a fines de la semana pasada que su país estaba dispuesto a “entregar ayuda humanitaria por la fuerza —que el gobierno caraqueño no solicitó—, por aire, mar o tierra”, y que no se repetiría lo sucedido el 23 de febrero pasado, cuando en un deplorable espectáculo, el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó no pudo pasar paquetes por la zona fronteriza colombo-venezolana.

Como medida de precaución, dijo Pompeo en un video, todos los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Venezuela.

Guaidó, que se autojuramentó el pasado 23 de enero, tiene su hoja de ruta marcada, aunque cada día surgen más voces, incluso en la oposición interna que antes le apoyaba, que rechazan su postura militarista, en la que “los muertos —dijo— serán un daño necesario”.

La agencia británica Reuters publicó un documento legislativo redactado por el equipo de Guaidó —presidente de la Asamblea Nacional en desacato—, en el que se buscaría revertir la nacionalización de la industria petrolera, permitiendo a las compañías privadas del sector ejercer un rol clave en los campos de Venezuela, reduciendo el tamaño de la estatal PDVSA. La propuesta apunta a lograr apoyo para Guaidó por parte de las compañías extranjeras (en especial las petroleras), que podrían financiar una reconstrucción, después de que la producción de crudo cayera a un mínimo en siete décadas.

En Houston y Washington, los usurpadores están proponiendo una amplia variedad de contratos de exploración y producción que permitirían a las firmas particulares operar individualmente campos en Venezuela y adueñarse de las refinerías e instalaciones de la cadena minorista de combustibles, según el borrador de la propuesta.

A pesar de las continuas provocaciones de Washington, el gobierno de Maduro, apoyado por la conciencia y la resistencia de una mayoría de la población —que lo eligió con más del 60 % de los votos en 2018— se mantiene firme y toma medidas para preservar instalaciones estratégicas del país, mientras llegan alimentos y medicamentos desde el exterior y afianza un plan económico interno.

Mientras la tranquilidad se mantiene en la nación suramericana, es innegable que el sabotaje cibernético desde EE. UU. contra el Guri, la mayor generadora eléctrica de Venezuela, causó graves trastornos a la economía nacional y sufrimiento a la población, que en algunos Estados estuvo cinco días sin luz y sin agua, además de la suspensión de las actividades laborales y escolares.

La rápida movilización de especialistas locales logró que se restaurara la electricidad antes de lo pensado, dada la gravedad del daño.

Caracas solicitó después la colaboración de Irán, Rusia, Cuba, entre otros países, para la investigación a fondo del sabotaje realizado desde dos Estados norteamericanos.

Poco después del sabotaje, Washington sancionó a otro grupo de funcionarios y dirigentes revolucionarios, negándoles la posibilidad de entrar al país norteño.

CARACAS NO ANDA DE BRAZOS CRUZADOS

En estos días, la Fuerza Armada Bolivariana realiza los Ejercicios Cívico-militares Ana Karina Rote 2019, en los que participan efectivos regulares y movimientos del poder popular (milicias) desplegados en el país para proteger, en especial, el Sistema Eléctrico Nacional y el de distribución de agua potable.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, inspeccionó la subestación eléctrica Complejo Generador Josefa Sánchez Bastidas, en el Estado de Vargas, donde llamó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa de vigilancia y garantizar el normal funcionamiento de los servicios ante la posibilidad de nuevas ofensivas terroristas.

Poco después del restablecimiento del servicio eléctrico, y luego de varios ataques, elementos contrarrevolucionarios incendiaron tres tanques de almacenamiento de petróleo en una instalación de PDVSA en la Faja del Orinoco.

Ahora, una nueva amenaza se cierne sobre la Revolución Bolivariana. Las fronteras comunes con Brasil, Colombia y Guyana son focos de tensión.

De visita en EE.UU., el presidente brasileño de ideología fascista, Jair Bolsonaro, rubricó un acuerdo especial que permite el uso de la base brasileña de Alcántara (norte) para el lanzamiento de misiles estadounidenses.

El documento fue rubricado el pasado lunes por el canciller brasileño, Ernesto Araújo, bajo la mirada de Bolsonaro, quien este martes se reunió con Trump. Brasil es un enemigo acérrimo de la Revolución venezolana, aunque los militares de ese país siempre se han negado a prestar su territorio a otra nación, y en especial la estadounidense.

Además, un informe del diario Últimas Noticias, basado en fuentes del Congreso estadounidense y el gobierno colombiano, señala que grupos paramilitares que hacen vida en ambos lados de la línea fronteriza colombo-venezolana pagan hasta 1500 dólares a jóvenes para que pasen a formar parte de sus filas, con miras a una incursión armada en Venezuela.

Añade que la comunidad internacional se niega a aprobar una acción militar en Venezuela, por lo que Washington apela al modelo utilizado en Siria: preparar y armar fuerzas paramilitares de choque para generar un conflicto civil. La captación ocurre después que bloques políticos regionales e internacionales descartaran la vía armada y “en las cancillerías europeas campea la desconfianza a la política de la Casa Blanca hacia Venezuela”, tal como reseñó la agencia noticiosa-financiera Bloomberg.

DINERO BAJO RESGUARDO

Después del robo de sus activos de la filial de la estatal petrolera PDVSA en EE. UU. por valor de 38 000 millones de dólares, la dirección venezolana informó que planea desviar a Rusia u otros países el crudo que inicialmente correspondía a los norteños.

El ministro de petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, refirió que se reunió con su homólogo de la Federación rusa, Alexander Novak, para ultimar el traslado de la oficina de PDVSA en Europa, hasta ahora en Lisboa, Portugal, para Moscú.

En reciente visita al país euroasiático, la vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que Caracas ampliará su cooperación energética con petroleras rusas, como Rosneft y Gazprom.

Mientras, en decenas de naciones crece la solidaridad con el pueblo venezolano, principal víctima de las sanciones y agresiones norteamericanas y sus lacayos, como el llamado Grupo de Lima, integrado por gobiernos conservadores latinoamericanos.

También a nivel doméstico, con el auspicio de México, Uruguay y la Comunidad del Caribe, se trata de darle una solución a la crisis política creada allí por la reacción mundial.

El gobierno de Maduro insiste —a pesar del fracaso de dos intentos anteriores— de llevar a la mesa de diálogo nacional al que se niega, el usurpador Guaidó, ya que la actual misión guerrerista, según el controvertido Trump, es acabar con el proceso socialista en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Este martes, en un comunicado, Rusia e Irán reiteraron de nuevo su rechazo a las constantes agresiones realizadas contra Venezuela.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Irán, Mohamad Yavad, mantuvieron una conversación telefónica en la que ratificaron su apoyo para restituir la paz y apoyar el diálogo interno en el país suramericano.

Con el objetivo, dice el texto, de mantener los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con respecto a la paz de las naciones, Irán y Rusia han ratificado su disposición de apoyar el entendimiento venezolano y la no injerencia.

Las dos naciones afirmaron apoyar “los esfuerzos de la comunidad internacional por contribuir a la comprensión recíproca entre las responsables fuerzas políticas de Venezuela, en aras de garantizar la paz en el país y la más pronta solución de los acuciantes problemas socioeconómicos que afronta”.

En Venezuela se encuentra en estos momentos un grupo de expertos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que recorre el país para conocer la situación de los ciudadanos y abrir el paso a una posible visita de la Alta Comisionada, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Más de 30 organizaciones de Derechos Humanos exigieron a la misión de la ONU que se pronuncie contra el bloqueo económico que pesa sobre Venezuela y solicitaron que abogue por no la no injerencia extranjera en el país.