Obama y la sociedad civil cubana: contradicciones y excepciones

Una casona vieja, de estilo Art Decó, acoge la sede de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) en Las Tunas. Es un local lleno de anacronismos: al lado de computadoras de última generación hay un archivo inmenso de caoba al que ya ha comenzado a hacerle daños el comején.

Constantemente, del lugar entran y salen personas, la mayoría de ellas auxiliándose con un bastón. Algunas vienen por las clases de braille, otras para presentar sus dificultades ante los representantes y que estos la tramiten con las autoridades responsables.

Hace unos días realizaron su asamblea de resumen anual en la que plantearon la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas en la ciudad y potenciar iniciativas para una mayor inserción social de los afiliados. Ese mismo día eligieron a sus dirigentes y discutieron las prioridades de trabajo para el nuevo período.

La ANCI es una de las organizaciones que forma parte de la sociedad civil cubana y tiene representación, voz y voto en todas las instancias políticas y gubernamentales en las que se tomen decisiones que les competan. Así ha logrado la creación de una editorial especializada, el apoyo a festivales deportivos y culturales y la graduación de varios de sus miembros en la universidad, como resultado de un programa de formación especial.

Sin embargo, la ANCI no encaja en el concepto de “sociedad civil” que entiende el gobierno norteamericano. Así lo han hecho saber en varios foros internacionales y en la inminente visita del presidente Barack Obama a Cuba, el mandatario planea hacer énfasis en el tema, con el ánimo de dar un espaldarazo a los grupos mercenarios que bajo el paraguas de la oposición lucran azuzando el diferendo histórico entre ambas naciones.

La posición de la administración estadounidense no deja de ser contradictoria. Más allá de las diferencias conceptuales que pueden existir respecto al término, y que tienen sus orígenes en la ideología que sustenta cada modelo de país; los argumentos esgrimidos por la parte norteamericana ni siquiera resisten la lógica de sus propias definiciones.

Si la llamada disidencia aspirara realmente a inscribirse en la sociedad civil cubana debiera renunciar a los jugosos fondos que anualmente le destina el Congreso estadunidense, un gobierno extranjero, el cual ha reconocido la falta de apoyo popular a estas organizaciones y el limitado impacto de sus demandas y actividades. ¿Qué pasaría si el gobierno cubano se dedicara a financiar organizaciones con fines políticos en suelo norteamericano?

Las organizaciones que verdaderamente integran la sociedad civil en la mayor de las Antillas no merecen el reconocimiento (¿acaso lo necesitan?) de las autoridades del país de Washington, sencillamente porque actúan en armonía con el gobierno cubano.

De ahí la prioridad que se le ha concedido al encuentro de Obama con líderes de los llamados grupos opositores, a quienes también planea dirigirse en su discurso en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Sin embargo, organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, el Consejo de Iglesias de Cuba y la Federación Estudiantil Universitaria, todas con más de 50 años de existencia han emitido sus declaraciones a propósito del importante hecho, en las que celebran el gesto del mandatario y al mismo tiempo manifiestan su fidelidad al proyecto político de la nación cubana, basado en los principios de soberanía y autodeterminación.

No es la primera vez que el gobierno de EE.UU intenta desconocer la sociedad civil auténtica que nace de los distintos sectores de la población, y suplantarla por una “alternativa e independiente”. Ya sucedió en la Cumbre de las Américas de Panamá en uno de los foros reservados para dialogar sobre el tema, al que fueron invitados miembros de organizaciones mercenarias, cuyas intenciones fueron rápidamente reveladas.

Quizás ahora aspiran a un show mediático similar.

Mientras tanto, ese propio gobierno que se autotitula garante de la sociedad civil cubana mantiene la aplicación de un bloqueo económico, comercial y financiero que limita el acceso, por ejemplo, a equipos especiales para el tratamiento oportuno de niños con pérdida de la visión, algo que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la ANCI, aunque no ha encontrado oídos tan prestos a escuchar como los que aparecen si las voces se levantan desde otras organizaciones.