Laberinto estival

En Rumanía sigue imperando el enfado y la discordia. Dos partidos, en particular, a la sombra o en descampado, se disputan el poder. No concuerdan en muchos necesarios, casi urgentes cómos destinados a la sociedad. En medio, la población, sobre la cual recae la reyerta en las alturas y las consecuencias de sus dictámenes. La primera conclusión a sacar de los actuales problemas es obvio y sombrío: desde 1989 a la fecha el país no ha logrado tener una etapa de sosiego o de progreso. Eso fue lo prometido por quienes después no lo aportaron.

Esas fuerzas, sin embargo, se unieron para deponer a Nicolae Ceausesco a quien ultimaron junto a su esposa, tras juicio sumario de apenas dos horas en 1989. Poco después se comprobaría que la “masacre de Timisoara”, con la cual dieron soporte al cargo de genocidio para ejecutarle, fue falsa. Fabricada y difundida al mundo en calidad de evidencia sólida. Con sus debidas diferencias de tiempo y situaciones se trató de algo similar a las falsedades mediáticas justificativas para deplorables hechos más actuales.

Con el nombre de Frente de Salvación Nacional, se hicieron cargo del país en aquel momento disidentes con o sin cargos en aquella experiencia de un socialismo sui generis. En un primer momento emitieron un decreto en consonancia con el título bajo el cual se escudaron y estaban actuando. Aquél maridaje no duró mucho. Desde el inicio hubo discordancias entre Ion Iliescu, en el cargo de presidente una vez realizadas elecciones, con Petre Roman de primer ministro.

Las zonas visibles de la controversia concluyen con la formación, por cada uno de ellos, de otras formaciones políticas. Roman funda el Partido Demócrata e Iliescu el Partido Socialdemócrata (PSD), el mayor de Rumanía, con varios nombres y mandatos, incluyendo el actual.

Guardando cierta, relativa fidelidad a la plataforma característica de la socialdemocracia europea más tradicional, no fue el PSD el encargado de aplicar el recetario fondomonetarista en los 90, ajuste provocador de un fuerte descontento social que, de tramo en tramo, continúa expresándose. Al frente de esa facción hoy se encuentra Liviu Dragnea, personaje, como veremos, con un papel en los últimos acontecimientos.

Dejemos establecida una peculiaridad de las grandes manifestaciones ocurridas en Rumanía, debido a la participación en ellas de una sugestiva cantidad de emigrados económicos, radicados sobre todo en Italia y España. Algunos —según afirman diferentes fuentes— estaban vacacionando, en tanto otros muchos llegaron expresamente para las protestas. De confirmarse esto último, es de sospechar alguna intencionalidad superior a lo meramente fortuito. Sería un detalle tangencial, pero no inocente.

Daría fundamento a lo expuesto por el jefe de los socialdemócratas y presidente del Congreso de Diputados, quien dijo: “Es inaceptable que grupos organizados, apoyados por la oposición y por el propio presidente del país, ataquen el orden constitucional”. Un poco fuera de lo común imputar al presidente (Klaus Iohannis), pero se explica porque este es miembro del partido conservador, archienemigo de Dragnea y la primera ministra Viorica Dancila, acusada de ser una marioneta manejada por el jefe del legislativo.

Ella es la primera mujer desempeñando ese cargo. Prometió al ocuparlo a inicios del 2018, aumentar pensiones y salarios, buscando que “los jóvenes no abandonen el país y aquellos que ya se marcharon deseen regresar”. Unos 4 millones de rumanos están desplazados hacia otros países europeos, debido a la falta de opciones en el propio.

Dancila llega a esa posición tras la dimisión de dos jefes de Gobierno anteriores, Sorin Grindeanu y Mihai Tudose. Desacuerdos con Liviu Dragnea habrían provocado la renuncia de ambos, aseguran los antagonistas. El trabajo de la premier, comienza así bajo esas sospechas y se le adjudica un alineamiento irrestricto con el jefe de su partido. Hereda además una polémica muy fuerte en torno a una ley para rebajar las normas anticorrupción, algo asociado al despido de la fiscal a cargo, otro móvil para incertidumbres, acusaciones y protestas.

En medio oficiales aseguran que el decreto para despenalizar ciertos casos de corrupción de poca monta, tenía por objeto “liberar las hacinadas cárceles rumanas” al indultar a 2 700 presos condenados por “delitos menores” de ese carácter. Entre los críticos de la medida se asegura fue destinada a favorecer a individuos afines a los gobernantes y quizás al propio Dragnea, incapacitado para asumir el máximo puesto nacional por imputaciones de esa misma ralea. El proyecto concluyó siendo anulado debido a los fuertes reclamos populares.

A la fiscal Laura Codruta Kovesi no pudieron salvarla. Fue imputada por “exceso de autoridad”, violar la Constitución y hacerle daño a la imagen externa del país. La jurisconsulta instruyó varios procesos contra políticos locales y de mayor rango, incluso, involucrados en tramas delictivas sumergidas. Su destitución fue uno de los motivos para incentivar las periódicas protestas populares de las últimas dos décadas y media.

Datos de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania aseguran haber sometido a proceso judicial, entre 2014 y 2016, al menos 1 200 casos de prevaricación, con daños al Estado ascendentes a mil millones de euros. Esa instancia investiga otros 2 151 sumarios por igual motivo, pero se asegura que quedan fuera de escrutinio muchísimos más, dada  la tan generalizada rutina de exigir pago por otorgar servicios y mercedes.

Se supone estén involucrados en esta urdimbre corrosiva, incluso, fondos de la Unión Europea. El conjunto de síntomas hicieron que el sistema judicial rumano haya sido colocado bajo vigilancia especial por Bruselas.

De acuerdo con corresponsales en Bucarest, la protesta recién ocurrida cobró carácter violento cuando varios encapuchados intentaron penetrar por la fuerza en el edificio sede de Gobierno. La policía arremetió contra ellos. El saldo fue de 440 personas heridas, 24 de ellas agentes del orden de quienes no se puede descartar que hayan cometido excesos. Lo ocurrido dio pie a otra repulsa con eje en esas desproporciones.

Por ese y los anteriores motivos, los manifestantes reclaman, de forma insistente, la dimisión del Gobierno. Como puede apreciarse, hay un conjunto de incidencias —algunas son calificadas de malentendidos por parte de sujetos oficiales— instaladas en destructivas estructuras y el peor ambiente.