La gestión acompañada

Rendir cuenta, como quiera que se diga, suena demasiado parecido a explicar bajo presión, a un ajuste final de asuntos pendientes, a declarar porque si no…  

Es una frase, creo, de excesiva contundencia para nombrar un espacio diseñado para el diálogo y la participación vecinal; aunque la responsabilidad que por ley corresponde al ejercicio de un cargo le permita a los representados algunas dosis razonables de exigencia.

Es verdad que la vergüenza y la tolerancia son cualidades que varían con el carácter, y que para hablar, gestionar y actuar en nombre de muchos hace falta alma de negociador y algo de “cara de palo”; pero en estos días he visto varios rostros sonrojados y miradas agachadas, de delegados de circunscripción que ante sus electores no les alcanzaron las respuestas consabidas de: “no se pudo resolver” o “hay que seguir esperando”.

El precio que en monedas de vergüenza debe pagar un representante del pueblo a este nivel —que, además, no cobra por tal función y sus problemas cotidianos son casi siempre los mismos que los de sus vecinos— es altísimo cuando tiene que dar la cara por la no solución de un planteamiento reiterado, de esos incluidos en el 40 % que las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional reconocen con posibilidades de erradicación en la decisión puntual de un administrativo y su consejo de dirección.  

No hablamos de aquellos planteamientos que precisan recursos millonarios ni una “visión macroeconómica del país” —que para ello ya se instruyó la manera de promover su inclusión en los apretados planes de la economía de entidades y territorios—, sino de los potables y posibles; como el del hueco sin pavimentar que Acueducto dejó al sellar un salidero, el de toda una calle con focos sin bombillas hace tiempo, los surtidos que no vende la bodega por mala distribución de Comercio o poca gestión del administrador, el robo que significa vender “por palas” los áridos en los rastros de materiales de construcción, los productos que “salen” por trastienda cuando hay poco en la tarima…

La advertencia siempre se hace, y en las reuniones previas a estos procesos nombrados de rendición de cuenta no faltan los llamados a la sensibilidad y la conciencia con los problemas de la gente; pero lo cierto es que el fenómeno de la no-solución, más agudo que el de la no-respuesta, se hace presente de algún modo y pone a prueba la tolerancia y paciencia de los delegados.

El debate es peliagudo, sobre todo si parte de la participación cívica como derecho universal, que en Cuba da lecciones inigualables de oportunidad.

Con los cambios institucionales de 1974, ensayados en Matanzas, Cuba creó el espacio jurídico que garantizaría la participación ciudadana activa en el ejercicio de gobierno a cualquier instancia, y en ello, el sistema de representación mediante delegados elegidos en circunscripciones tendría un papel clave en la gestión, tramitación y sobre todo, en el control de las acciones administrativas para resolver los problemas planteados por la población.

El concepto ideal está bien, y desde su génesis fue un espaldarazo legal a las acepciones 1 y 3 del Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo día mundial señaló este 10 de diciembre; pero habría que ver en el marco estrecho del barrio, del municipio, de la puerta que separa la dirección de la empresa con el vecino de enfrente, cuánto puede contribuir la insensibilidad, la inercia, el descuido y hasta la ineptitud de un jefe y su consejo de dirección, a la deformación de esta participación real de las personas en el gobierno de su demarcación.

¿Por qué si el delegado —reconoce la ley— es la máxima autoridad en su zona, no son más fuertes y coercitivos los modos en que este ejerza su facultad de hacer cumplir la voluntad popular?

Es verdad que no es él quien tapa el hueco, pero qué derecho tiene Acueducto a salir ileso en la discusión, cuando el año pasado dejó de ejecutar 100 toneladas de asfalto caliente para tapar salideros, mientras el barrio manzanillero se quedó con el bache abierto y el delegado con una respuesta sin solución que, con seguridad, desatará en la reunión el clamor de sus vecinos.

Hay que ver las actitudes airadas, la molestia evidente, las palabras subiditas de tono de quienes reclaman una acción verdadera de las administraciones, de las entidades de cara al barrio. La mayoría –y eso también es malo- se compadece públicamente del delegado porque reconocen que no es su culpa, pero de todas maneras exigen sus razones mirándole de frente.

Este es el más alto precio de la desatención, del no acompañamiento, de la excesiva burocracia y hasta del peloteo a que someten en el barrio a “su máxima autoridad”; deformando en su expresión básica el magnífico concepto de participación ciudadana que defiende el sistema de gobierno y correctamente postula el precepto constitucional según el cual “las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios”.

Siempre he visto al vecindario como un gran surtidor de soluciones colectivas, capaz de pensar para proponer y participar para resolver; donde el delegado puede ser mejor un líder, un conciliador, un coordinador, y no un frío mensajero de quejas y reclamos, incómodo para administrativos mancos que nunca tienen las soluciones a mano.

El impacto de la gestión en la comunidad debería ser un ejercicio de grado, una prueba seria de aptitud en la política de cuadros, con la cual tasarles a los jefes la capacidad y la inteligencia a partir de su sensibilidad con los problemas de la gente, para medirles el sentido de escuchar, de acompañar el razonar colectivo y actuar, junto al delegado, como el mejor modo de resolver y convencer.

Sin acompañamiento en la gestión, el encuentro del delegado y sus vecinos no podrá ser un concilio provechoso, sino una balacera de inconformidades a mansalva, disparadas contra un “valiente”, expuesto por decreto a una verdadera rendición —¿o acaso ajuste?— de cuenta.