miércoles, 22 de mayo de 2024

Brasil: un tsunami contra la democracia

Solo los movimientos populares y el pueblo brasileño podrían detener el circo político de la oposición derechista que pide un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, y trata de eliminar también a su mentor y exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva. El PMDB sale del gobierno...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 31/03/2016
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La oposición brasileña ha tejido una entramada red política para destituir a la presidenta Dilma Rousseff y poner en su lugar al vicepresidente y su enemigo Michel Temer, mientras intenta evitar que el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva asuma el cargo de ministro del gobierno para instrumentar políticas que impidan el golpe de estado parlamentario ahora en marcha.

Las fuerzas políticas retrógradas que se mueven en la gigantesca nación del sur americano están tensando sus fuerzas  para tratar de demostrar acusaciones sin fundamento contra Rousseff, en manos ahora del Congreso Nacional, mientras las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y de otras esferas respaldan en la calle a los dos políticos del Partido de los Trabajadores (PT).

Este martes, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, un abogado de origen libanés nacido en 1940, rompió con el gobierno, tal como amenazaba,  en una reunión de su dirección nacional que analizó 11 mociones favorables al respecto.

El senador Romero Jucá leyó una propuesta de quiebra, la que requiere “la inmediata salida del PMDB del gobierno, con la entrega de los cargos” –a lo que se niegan varios Ministros de esa agrupación-, y la apertura del proceso de ética contra los envueltos.

Aprobada por aclamación por más de 100 miembros del Directorio Nacional del Partido, Jucá confirmó que “nadie en el país está autorizado a ejercer cargo alguno en el gobierno federal. La decisión del Partido de retirarse de la base del gobierno está tomada”, aunque tenga siete ministros en el gabinete.

Como quien araña una pared, desde finales del pasado año la derecha brasileña, siguiendo un plan continental de reversión de los gobiernos progresistas, acosa a la Mandataria, quien inició en enero pasado su segundo mandato como líder de una coalición en la que participaba hasta este martes el derechista PMDB, cuyo líder es Temer, un politiquero que baila con la música del día, pero que no asistió a la importante reunión de la Dirección Nacional, y que ha ganado el apodo de “zorro” en medios políticos..

Temer manifestó divergencias con Rousseff, a quien amenazaba de continuo con abandonar el gobierno, luego de varios desencuentros, entre ellos que sin autorización volara a Venezuela para visitar al contrarrevolucionario Leopoldo López y otros crápulas que instigaron las acciones violentas de febrero de 2014, y participaron en el golpe de estado contra Hugo Chávez en el 2002.

El PMDB es el segundo partido con mayor representación en la Cámara de Diputados (66), en el Senado con 19; gobierna siete estados y mil 022 municipalidades. Al salir del Ejecutivo deja abierto el camino para que la impugnación de Dilma tenga grandes posibilidades de victoria en la Cámara Baja, y además propiciará que Temer asuma al menos de manera provisional la Presidencia, si Dilma fuera enjuiciada y suspendida al menos por 180 días..

La Mandataria fue acusada primero de responsabilidad en un supuesto errático control de las cuentas de la Unión presentadas en el 2014 y 2015  2015 –lo cual no ha sido comprobado, según sus defensores- y luego de participar en el robo de millones de dólares de la empresa estatal Petrobrás, entre cuyos acusados está precisamente el político Eduardo Cunha, del PMDB y jefe de la Cámara de Diputados, bajo investigación del Tribunal Supremo de Justicia,  por poseer una fortuna procedente de la estafa de la petrolera.

Fue Cunha quien dio entrada a la solicitud de impugnación en la Cámara, cuya Comisión Especial definida hace pocos días está integrada por 65 legisladores, 16 de ellos investigados por corrupción en el caso Lava Jato (o limpieza a chorro), con el que se conoce el caso de la Petrobras. Fuerzas de izquierda consideran que tal Comisión carece de fiabilidad.

Lo que comenzó por un supuesto error en las cuentas de la Unión no revisadas por la Mandataria se ha convertido en un barraje de acusaciones  hechas llegar al máximo órgano legislativo, pero sin una prueba que demuestre  la responsabilidad de Rousseff en los dos casos.

En lo que se considera un plan armado por la oligarquía local, este lunes la Orden de Abogados de Brasil (OAB) introdujo otra nueva querella contra Dilma, quien ha advertido de un eminente golpe de Estado en su contra.

Para explicar la actitud de la OAB, el presidente de esa entidad judicial, Claudio Lacharia, dijo al diario O Globo (red mediática conservadora) que hubo una decisión casi unánime sobre el supuesto aumento de gastos sin permiso del Congreso y tapar agujeros presupuestarios con bancos estatales en 2014, año de elección presidencial.

La acusación de la OAB se suma a otras denuncias sobre la gestión de la Mandataria, que en los últimos meses sufre continuos ataques para desprestigiar su gestión, al igual que hacen con el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, incluso detenido en su hogar en Sao Paulo el pasado día 4, e interrogado durante tres horas por la Policía Federal, por su supuesta participación en el Lava Jato.

GOLPE DE ESTADO APRIETA EL PASO

Ante la presión contra Rousseff y Lula da Silva, millares de brasileños han salido a las calles en los últimos días para defender la democracia, y ante la posibilidad de que las maniobras derechistas terminen con una intervención de las Fuerzas Armadas Nacionales y una consiguiente dictadura.

Tal situación propicia que los diputados quieran iniciar cuanto antes un juicio político contra Dilma para derrocarla mediante un golpe de estado parlamentario, al estilo de lo ocurrido al presidente Fernando Lugo en Paraguay.

En una posición de fortaleza política, Rousseff afirmó que no renunciará a la Presidencia como desea la derecha, que pretende destruir los logros sociales y económicos alcanzados por Brasil, la más importante economía de América Latina y El Caribe. Si ese país cayera en manos de los conservadores sería un golpe fuerte para esta región donde Brasilia juega un importante papel en la integración, y en la defensa de los gobiernos progresistas.

La Comisión Especial se reunió este lunes por segunda vez, acción inusual pues en ese país los parlamentarios solo trabajan de martes a viernes en horas tempranas. Nada es fortuito. La Mandataria y el Congreso deben presentar su defensa en el lapso de 10 sesiones de la Comisión. Es decir, mientras más rápido esta se reúna, menos tiempo posee la Defensa de Rousseff para su descargo.

En este entramado, si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de al menos dos tercios (342 votos).

Si se aprueba la impugnación, la palabra pasará al Pleno del Senado, el que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

Si se verifica este paso, Rousseff será separada del cargo hasta que concluya el proceso, que deberá durar 180 días como máximo. En esa situación, sería sustituida por el vicepresidente designado.

Mientras, al ex presidente Lula, quien fue nombrado Ministro de la Casa Civil del gobierno, el Supremo Tribunal Federal le mantiene retenida la designación, la cual, ahora en manos del juez Sergio Moro (fuera del país), después que un magistrado de ese órgano de justicia suspendiera el cargo que Rousseff le ofreciera para –en boca del rechazante- impedir un posible arresto por su supuesta vinculación al escándalo de Petrobrás.

Lula afirmó que es necesario continuar las investigaciones para determinar quién robó dinero, pero aclaro que es innecesario hacer de eso un espectáculo como ocurrió el día de su detención por más de 200 militares y un enjambre de periodistas previamente avisados.

“Un día, aseguró, la historia de este país irá a reconocer que gracias al PT, a Lula y a Dilma se levantó el tapete y se permitió ver transparentemente las cuentas públicas de este país”.

Ante decenas de periodistas locales y extranjeros, este martes Lula da Silva explicó que  “No quiero mandar, quiero obedecer y compartir decisiones y creo que puedo contribuir”, y precisó que aunque sea solo como amigo de la Mandataria ayudará a evitar su salida del Palacio de Planalto.

El ex mandatario, calificado como el más popular en la historia contemporánea del gigante suramericano, puntualizó que Rousseff lo había invitado a formar parte de su gabinete desde el pasado agosto, pero entonces rechazó la posibilidad al no considerarla correcta.

Para politólogos, la eventual destitución de Vilma y la toma del gobierno por la derecha trata de impedir que Lula da Silva se postule, tal como anunció, a las elecciones presidenciales de 2018, donde tiene el triunfo asegurado, de acuerdo con previsiones de diferentes medios izquierdistas


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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