Venezuela expectante ante megaelecciones el próximo domingo

Las elecciones presidenciales en Venezuela, el próximo domingo, son observadas con lupa por amigos y enemigos del proceso bolivariano. Unos esperan, ese día, la reelección del presidente Nicolás Maduro, mientras otros estiman que un opositor ganará el Palacio de Miraflores.

Esa jornada se juega en las urnas, a las que están convocadas unos 20 millones de electores, el futuro de la nación suramericana, sometida a una férrea guerra económica imperialista que el pueblo resiste, a pesar de la continua arremetida contra la Revolución Bolivariana y su líder también en otros sectores de la vida social.

Estados Unidos, que orquesta y financia las campañas contrarrevolucionarias contra el gobierno legítimo de Venezuela, fracasadas hasta ahora aunque cuente con el respaldo de aliados suramericanos, considera los comicios como un ejercicio ilegal e ilegítimo y dijo que desconocerá los resultados. Habría que ver si mantiene esa postura si ganase, lo que no deberá ocurrir, alguno de los otros cuatro postulados opositores.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pidió públicamente ignorar las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con plenas garantías de transparencia, y suspender a Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hay más. El flamante Secretario de Estado, Mike Pompeo, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) resaltó el conflicto en torno al éxodo de millones de venezolanos que supuestamente huyen del país por culpa de “la crisis y el régimen corrupto”, al que calificó de dictadura.

Nada más lejos de la realidad de una nación donde cinco candidatos todavía están en campaña para tratar de escalar la máxima posición gubernamental. Los postulados opositores presentan programas opuestos a los revolucionarios planteados en los últimos 19 años, que benefician a los pobres, y algunos de ellos dirigieron o apoyaron la violencia contra la población civil en 2014 y 2017, con saldo de cientos de muertos y heridos.

Distintos actores políticos que usan la media derechista como una fuerza demoledora contra el sistema venezolano se caracterizan por intereses materiales y geopolíticos que chocan con los del gobierno venezolano, y se dedican a difundir ante la opinión pública mundial un determinado sentido sobre la democracia —no inclusiva— la libertad y los derechos humanos.

La derecha internacional ha tejido su madeja en torno a la Revolución Bolivariana con equivocadas razones, entre ellas la existencia de un Estado fallido, presentando a Maduro como un dictador que procura aislarse del resto del mundo. Más aun, crearon en los últimos tiempos una matriz de opinión sobre una supuesta crisis humanitaria que requiere la urgente intervención de la comunidad internacional.

Estas mentiras que difunden los medios de comunicación y redes sociales crean un negativo análisis en la opinión pública mundial, bombardeada por mentiras e ignorando la realidad de un país que, a pesar de duros golpes a su economía y a su legitimidad como nación, logra sobrevivir al caos creado desde hace cuatro años por quienes pretenden apoderarse de su petróleo y grandes riquezas naturales.

La realidad venezolana es difícil y nadie lo niega, ni el gobierno ni Maduro, que denuncia de manera constante los planes en marcha de golpe blando contra su país, y los intentos fracasados de intervención a partir de los planes maquinados por Washington y puestos en práctica por la OEA, sustituida en tales manejos por el llamado Grupo de Lima, en el que se agrupa lo peor de la derecha suramericana.

La Casa Blanca, ocupada por Donald Trump, uno de los presidentes más controvertidos de la historia norteamericana, no solo sanciona de distintas maneras a Venezuela, sino que busca aliados internacionales, como la Unión Europea, con la que está ahora en crisis por su política de aranceles y su reciente separación del Acuerdo Nuclear con Irán.

Solo los intereses económicos y geopolíticos priman en esta parte de la historia, en la que los europeos, si Maduro perdiera las elecciones, tendrían las puertas abiertas para llevarse también un pedazo del gran pastel petrolero. Y la intervención “humanitaria” no se haría esperar.

Si es reelecto el mandatario, y las encuestas —aunque en ocasiones engañosas— prevén que así ocurrirá, podrían presentarse dos escenarios: que Estados Unidos lance una intervención militar, o que la oposición cree una gobierno en el exilio que sea reconocido y deje a Venezuela revolucionaria aislada, de manera que Maduro sea obligado a renunciar, lo cual no pasará.

La tensión recorre la nación suramericana en estos momentos, y continuará de esa manera hasta que se concluya el escrutinio.

Son cinco los pretendientes a la presidencia: Maduro, por el Frente Amplio de la Patria, en busca de la reelección; Henri Falcón, disidente del chavismo, por Avanzada Progresista (AP); Javier Bertucci, de Esperanza por el cambio; Reinaldo Quijada, ingeniero, de la Unidad Política Popular; y el empresario Luis Alejandro Ratti, un independiente.

Ese día también se elegirán los consejos municipales y legislativos y la representación indígenas en esas mismas instancias. El CNE confirmó que para esos cargos hay más de 1700 pretendientes.

El último sondeo de la encuestadora International Consulting Services (ICS) preguntó a una parte de la población por quién votaría si las elecciones fueran hoy. Un 55,9 % en la intención de voto favorece a Maduro, mientras Falcón, abogado y exmilitar, alcanzó el 24 % y Bertucci, pastor evangélico —negado a hacer alianza con la AP—un 16 %. La firma Hinterlace afirma que el actual mandatario alcanzaría el 55 %, mientras Falcón goza de un 40 % de las preferencias.

El voto en Venezuela es voluntario. La empresa Datanálisis sostiene que el 57 % acudirá a las urnas, pero su similar Meganálisis afirmó que solo lo hará el 17,4 %. De ahí que habrá que esperar el veredicto ciudadano.

Para analistas, a pesar de que hay un alto porcentaje de venezolanos patriotas y revolucionarios, hay que sopesar el daño que en el voto hace la hiperinflación y el bloqueo financiero impuesto por Washington, que impide al gobierno la adquisición de alimentos y medicinas.

El acuerdo de garantías democráticas firmado por 14 de los 18 partidos nacionales permitió el desarrollo de una campaña electoral normal, con plenas libertadas de expresión, reuniones y mítines. Mientras, el ala de la oposición más extremista llama a boicotear las elecciones con la abstención, lo que se espera no suceda.

Cada uno de los candidatos, según su postura ideológica y sus intereses, ha manejado la cuestión económica como punto fundamental en la campaña electoral iniciada el pasado 22 de abril y que concluirá el próximo jueves a la medianoche, según establece el CNE.

En el candente tema económico, Maduro propone el impulso de una revolución en esa área vital para vencer el asedio financiero internacional. El presidente dijo que defenderá el bolívar como expresión monetaria del país y fortalecerá la criptomoneda Petro, respaldada por las riquezas naturales venezolanas, a fin de lograr la soberanía económica.

También consideró como prioridades la expansión del sistema de educación pública gratuita y construir en su futuro gobierno, si gana, tres millones de viviendas más con el programa Gran Misión Vivienda, que ya hizo propietarios a dos millones de ciudadanos durante su actual mandato.

El principal ofrecimiento de Falcón gira en torno a la dolarización de la economía, lo que en la práctica significa la subordinación al sistema de finanzas de Estados Unidos.

“En Venezuela se rompió el principio básico de las libertades económicas y hay que levantar los controles cambiarios, hay que profesionalizar PDVSA, la estatal petrolera”, asumió el postulado.

Bertucci, si ganase, plantea la reestructuración del sistema educativo y la modernización del sistema de salud; además de aceptar la ayuda internacional ante la situación de los alimentos y medicinas, lo cual significaría un supuesto canal humanitario con intervención de agentes externos. También planteó el fortalecimiento de los programas sociales creados en los últimos 19 años y la solicitud de créditos multilaterales para la reactivación del aparato productivo.

Ratti presentó como objetivo consolidar la transformación de los poderes públicos con la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ignorando la actual, votada en las urnas por más de ocho millones de ciudadanos. Este candidato independiente, en contra de la dolarización planteada por Falcón, conformaría un gabinete con empresarios, ya sea como ministros y asesores. Otra de sus metas es restablecer las relaciones con Estados Unidos y cambiarle el nombre a la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Quijada centró su programa de gobierno en “la reconstrucción política, institucional y económica” de Venezuela, y aseguró que descentralizará el poder del Estado, lo que en la práctica significa el retorno al neoliberalismo. Este postulado se apartó del proceso revolucionario cuando murió Hugo Chávez y desde entonces se opuso al gobierno de Maduro. También rechaza la ANC y la Ley de Precios Justos, adoptada en 2013 para proteger los ingresos de la población mediante la fijación de un porcentaje máximo de ganancias en bienes y servicios.