viernes, 19 de abril de 2024

Vendetta de la derecha ecuatoriana

Ratifican condena judicial a exmandatario Rafael Correa y proscriben su partido para comicios del 2021...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 23/07/2020
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Visita de Rafael Correa-Cuba 2019
El ex mandatario afirmó que el Consejo Nacional Electoral cedió a las presiones del Contralor General Paulo Celi, pues la solicitud había sido rechazada en ocho ocasiones.

La derecha de Ecuador instalada en el gobierno, gracias a la traición política del presidente Lenin Moreno, terminó —al menos por el momento— con las pretensiones del líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y su nuevo partido Fuerza Compromiso Social (FCS) de postularse en las elecciones del 2021, a la vez que la sala penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó su condena a ocho años de prisión por supuesto cohecho.

Las dos noticias difundidas esta semana en un momento de debilidad extrema del régimen de Moreno, quien además de instaurar de nuevo en el país el neoliberalismo —tras una década con Correa de integración e inclusión social— dictó nuevas medidas antipopulares mientras continúa el pésimo manejo del control de la pandemia de la COVID-19, que dejó en Ecuador, hasta ahora, 8340 muertos y 68 459 contagiados hasta el 21 de este mes.

Ante la cercanía de las presidenciales de febrero próximo y las posibilidades de Correa de ganar la vicepresidencia —tal como hizo Cristina Fernández en Argentina—, el régimen derechista aceleró la proscripción de FCS, considerado como el más poderoso partido de la nación meridiana del mundo, para evitar su inscripción en la lista de postulaciones.

El pasado día 14, ante la nueva maniobra de Moreno, el exmandatario residente en Bélgica afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cedió a las presiones del contralor general Pablo Celi, de la ministra del Interior, María Paula Romo y del equipo del régimen de derecha, pues la solicitud de ese grupo había sido rechazada en ocho ocasiones.

Luego de seis años como vicepresidente del país en el primer mandato del líder de la Revolución Ciudadana, el dignatario se convirtió, al ganar la primera magistratura en 2016, en la otra cara de la moneda y se empeñó, por órdenes de Washington, en desmontar los avances económicos y sociales —en los cuales, paradójicamente trabajó— que precedieron a su estadía en el Palacio de Carondelet.

También, en el orden regional, este individuo —considerado revolucionario— fue pieza clave en la destrucción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya sede radicaba en Quito, y demostró su alianza con la reaccionaria Colombia cuando también impidió la continuidad de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se realizaban en esa misma capital.

“Nos roban nuevamente la democracia”, afirmó el exmandatario, quien aseguró apelará el fallo.

La Contraloría General del Estado asegura que los cuatro partidos ahora suspendidos Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social fueron inscriptos de manera irregular y solicitó al CNE su eliminación del padrón electoral.

Para el Consejo, al servicio del corrupto sistema judicial y su persecución contra los dirigentes del antiguo Alianza País, y ahora FSC, la recomendación “es una petición razonada”, a la cual se subordinó para impedir la presencia de líderes y partidos progresistas que puedan retomar el camino del que sacó al país el engañador Moreno.

En otro de los acápites del comunicado emitido por el CNE, aunque otorga un plazo de diez días para que los partidos indicados presenten pruebas de cargo y descargo, suspendió de inmediato cualquier actividad política de los movimientos proscriptos.

Además, de un solo tajo, para boicotear la anunciada vuelta al país de Correa, la justicia ecuatoriana ratificó la condena a ocho años de prisión al expresidente por presunto cohecho en el caso de la firma constructora Odebrecht de Brasil.

El régimen de Moreno, dirigido desde Estados Unidos (EE. UU.), cuyo presidente, el irracional Donald Trump, prometió acabar con el socialismo en América Latina (procesos económicos y sociopolíticos que él calificó con ese nombre), repitió la agenda estadounidense de persecución judicial contra figuras de Alianza País, entre ellos Jorge Glass, vicepresidente de Correa y del actual ejecutivo, y otros políticos de esa organización, cuyo nombre se robó el mandatario para el partido de gobierno.

Hizo más el derechista. Solicitó a la Interpol que detuviera al exmandatario en Bruselas, pero la organización policiaca internacional se negó pues, argumentó en un comunicado, se trata de un asunto político y no delictivo.

Glass permanece en prisión, cumpliendo injusta condena de seis años, ya que aunque sentenciados, ninguno de los acusados fue mencionado en las investigaciones hechas en Ecuador sobre posibles implicados en casos de chantaje de Odebrecht.

En el caso de Correa, los jueces determinaron que influyó psíquicamente en sus funcionarios y lo responsabilizan de los supuestos delitos, en el inventado caso.

La estrategia más recurrida contra los políticos progresistas que alguna vez ocuparon responsabilidades es la de una falsa acusación, acompañada de una campaña mediática de la prensa hegemónica, un juicio amañado y una condena que los aleje de los poderes del Estado.

En el caso de Ecuador, la proscripción del partido correísta deja al expresidente sin plataforma política y sin poder retornar al país, pues sería encarcelado de inmediato. Copia exacta de la manipulación judicial, tal como ocurrió con el exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para impedir su presencia en los comicios donde resultó electo en una sucia jugarreta el derechista Jair Bolsonaro.

Para analistas, estos procesos irregulares y falsos están en consonancia con los palos de ciego de Moreno en la estrategia para enfrentar la COVID-19, la cual despierta un gran rechazo de la ciudadanía por el colapso de la red sanitaria y funeraria.

El mandatario dio un vuelco de 180 grados al sistema de salud existente en la nación meridiana cuando no renovó los contratos de los colaboradores médicos cubanos que trabajaban con gran profesionalidad y humanismo en los sitios más pobres y alejados de los centros urbanos.

Para los capitalistas en el poder, al que dio entrada por la puerta ancha, como Jaime Nebot y Guillermo Lasso, banqueros, importadores, medios de comunicación y en especial la embajada de Washington, existen dudas sobre la capacidad del actual presidente —siempre en entredicho— para dirigir el país pues sus decisiones inadecuadas en la situación de emergencia sanitaria le han traído severas críticas de la población.

En los tres años que lleva en la silla presidencial, el antiguo vicepresidente de Revolución Ciudadana sometió la política nacionalista a los intereses de EE.UU., permitiendo la recuperación de los privilegios de los banqueros y los grandes importadores.  Tras destruir la Revolución Ciudadana y fomentar el desprestigio de sus líderes, repartió las instituciones del Estado al mejor postor y maneja a su antojo la opinión pública mediante la manipulación mediática.

Hace unos días, María Alejandra Muñoz se convirtió en su cuarta vicepresidenta, luego de la renuncia de Otto Sonnenholzner, el supuesto candidato de la derecha a las presidenciales.

Sonnenholzner estuvo 18 meses en el cargo, y refirió que alejarse “fue una decisión difícil”, sin aclarar que tiene los ojos puestos en Carondelet. Su sucesora, quien estará en el Ejecutivo hasta mayo del próximo año, dirigía el Servicio Nacional de Aduanas, y fueron necesarias tres rondas de votaciones para su nombramiento.

Muñoz es natural de la ciudad de Guayaquil y tiene 41 años de edad. Es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, graduada en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil; abogada de los Tribunales y Juzgados con especialización en Derecho Empresarial y Tributario y posee una Maestría en prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión por la Universidad Salamanca de España.

Sonnenholzner, considerado el candidato conservador, representante de las fuerzas políticas incluidas en el llamado “bloque del poder” fue accionista de una empresa offshore en un paraíso fiscal y no oculta su política de odio contra la Revolución Ciudadana, lo cual no le beneficia ante el electorado. Tiene en su contra también que fue encargado por la presidencia para dirigir la ofensiva contra la COVID-19, la cual ha resultado un absoluto fracaso.

Aunque sin decirlo, hace 14 meses que Sonneholzner está en precampaña con una presentación ambigua de “político nuevo, preocupado por la gente, sin ideología, ni posición política alguna”. Aunque se presenta como un hombre austero, viajero en clase económica, puso en marcha, sin embargo, un poderoso equipo de comunicación con vistas a los cercanos comicios. Por lo pronto, perdió la pelea con la pandemia.


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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