Los primeros gritos de guerra por la libertad de Bolivia contra el colonialismo español fueron dados en levantamientos indígenas en 1779. Pero solo el 6 de agosto de 1825, tras cruentas batallas, la República de Bolivia obtuvo su independencia mediante la Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú. El pasado 6 de agosto se cumplieron 197 años de aquel día glorioso. Ahora, en el contexto del siglo XXI, el Estado Plurinacional de Bolivia continúa la lucha contra enemigos internos, blancos y ricos en su mayoría, que tienen como metrópoli a Estados Unidos (EE.UU.), la potencia norteña que intenta dominar las tierras del Sur.
Aires de tormenta soplan sobre la tierra de los caudillos indígenas Katari, Túpac Amaru II y Túpac Katari, los primeros en luchar contra los colonialistas españoles. En la llamada Gran Rebelión de 1871 los tres líderes fueron ejecutados. Dos siglos después, esos grandes guerreros siguen animando la lucha del pueblo boliviano.
La democracia y la continuidad de un sistema social inclusivo retornaron a Bolivia con el triunfo del presidente actual, Luis Arce, en 2020, un año después de que su antecesor, Evo Morales, fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS) fuera obligado a renunciar al cargo, y abandonar el país, luego de un golpe militar ordenado por (EE.UU.) y ejecutado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las fuerzas opositoras.
La poderosa élite derechista boliviana, dominante en las regiones separatistas orientales, situó en Palacio Quemado a la senadora Yanine Áñez, ahora en prisión, acusada, entre otros delitos, de ordenar la matanza de más de 30 defensores de Morales y el MAS.
Poco disfrutaron del poder los conservadores bolivianos. Arce, y su ahora vicepresidente David Choquehuanca, (los dos ex ministros del gobierno progresista del MAS) ganaron con amplitud los comicios y restauraron el gobierno progresista e inclusivo.
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Pero los derechistas, en especial los líderes de Comités cívicos y gobernadores de los departamentos separatistas de Santa Cruz, Tarija y Sucre –que en 2008 intentaron derrocar a Morales con un golpe de Estado- no cejan en su propósito de crear una federación, ya que son los territorios con mayores riquezas en el país, y dividir el Estado Plurinacional, uno de los más prósperos de Suramérica.
El gobernador cruceño Luis Felipe Camacho, un millonario derechista, comandó el actual episodio divisionista. El pasado año presentó a la prensa una iniciativa en ese sentido y anunció que iniciará un proceso de socialización y consulta de esa idea en departamentos, municipios, universidades y sectores sociales.
En las redes sociales el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló entonces que la propuesta de Camacho “está motivada por un sentimiento personal y grupal de odio y resentimiento contra el masismo (del MAS) y centralismo”, citó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El gobernador de Santa Cruz sabe por la experiencia obtenida desde que Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia nacional, que, aunque es reconocido como el líder de la ruptura del orden constitucional, nada ha conseguido, pues Bolivia continúa unida y con nuevos éxitos a partir de la asunción de Arce.
Como antecedente, se presentó en las últimas elecciones generales y perdió de manera estrepitosa. Los objetivos del antes líder del Comité Cívico de Santa Cruz vio frustrado sus objetivos, y así lo expresó cuando afirmó que ¨es hora de pasar de nuevo a la acción¨.
En realidad, Camacho, y muchos que le acompañan en los nuevos episodios para tratar de destituir al gobierno progresista nacional, lo que busca es evitar que esa región, llamada la Media Luna, comparta sus ingresos por concepto de venta de hidrocarburos.
En una ocasión, dejó claro que Santa Cruz estaba cansada de compartir sus recursos para el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el cual se destina a las universidades, municipios y gobernaciones.
CAMACHO Y EL PRETEXTO DEL CENSO DEL 2024
Desde hace semanas, Arce y su equipo de gobierno venían alertando sobre el complot antigubernamental originado en Santa Cruz, ahora con el pretexto de un desacuerdo contra la decisión oficial de aplazar por dos años un censo que le otorgaría a esa región más fondos estatales y escaños en el Legislativo.
En Twitter, Camacho llamó a la población “a tomar las calles para demostrar que Santa Cruz lucha por un censo oportuno, justo y transparente”, que primero estuvo marcado para el 2023.
La convocatoria era para paralizar el departamento l lunes y martes de esta semana contra la decisión oficial de celebrar el censo nacional en 2024.
Según expertos, ese será el operativo estadístico más importante que afrontará Bolivia como nación, en el que participarán más de 200 000 personas, desde los empadronadores hasta los difusores de los resultados.
El censo busca información para los planes oficiales de los próximos 10 años y permitirá ajustes imprescindibles para definir, implementar y evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible, económico y social de alcance nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario, de acuerdo con información pública del Ejecutivo.
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De sus deducciones dependerá, por ejemplo, la reformulación del presupuesto, en función de las cantidades poblaciones. Sus cálculos influirán en el sistema político y la redistribución de recursos vinculados a los ingresos.
La población de Bolivia se aproximaba el pasado año a los 12 000 000 de habitantes, y de ellos, 8 000 000 están concentrados en los tres departamentos del eje central del país: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Santa Cruz continúa como el territorio más poblado del país, con 3 363 400 de personas; le sigue La Paz, la capital, con 3 023 800; Cochabamba, con 2 086 900.
El gobierno de Arce ha explicado en varias oportunidades que el censo no puede realizarse ahora, como quiere Camacho, debido a que aun no están creadas todas las condiciones para su efectividad. Las élites cruceñas en el poder buscan crear confusión y desestabilización exigiendo su realización en 2023 y no 2024, como establece el Decreto Supremo 4760.
O sea, que se trata de otro propósito político para crear confusiones en el país, que atraviesa, sin embargo, uno de sus mejores momentos económicos en medio de la crisis internacional.
El fracaso de la paralización derechista trató de hacerse en un momento en el que hay una situación complicada en los mercados cruceños por el incendio ocurrido en el Centro de Abasto Mutualista, que destruyó las mercaderías y las infraestructuras de muchos pequeños comerciantes.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montano, defendió la nueva fecha del estudio, ya que se trata, precisó, de un tema técnico que debe llevarse de manera científica y objetiva.
¨No puede ser un capricho político –estimó-, pues eso no lleva a tomar buenas decisiones; no podemos jugarnos el futuro del país por la rabieta de un gobernador que no quiere diálogo y no asiste a las reuniones cuando se le invita”.
En una valoración a la red Bolivisión, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, consideró débil el llamado conjunto de Camacho y el Comité pro Santa Cruz presidido por Rómulo Calvo, quienes desoyeron un pedido del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, de suspender el paro como muestra solidaria hacia los mil 500 perjudicados por ese fuego ocurrido el pasado 31 de julio.
Valoró que los transportistas, los sectores gremiales y la institucionalidad desacataron la petición y la mayoría de las actividades se desarrollaron con normalidad. Ante esa realidad, la gobernación recurrió al amedrentamiento violento, que dejó varios heridos.
La evaluación del ministro del Interior, Eduardo del Castillo, es que existió normalidad entre el 90 y el 95% del territorio de Santa Cruz y un promedio de 30 puntos de bloqueo de carreteras con unos 600 participantes, aunque destacó las acciones violentas de grupos de choque que pretendían imponer el plantón en sectores que lo rechazaron.
BOLIVIA ESTABLE
Pese a la crisis mundial sin precedentes, que afecta principalmente el precio de los alimentos, Bolivia presenta hoy una fortaleza y estabilidad económica. La inflación llegó en julio de este año (último dato oficial) al 1,6%, el nivel más bajo a nivel regional, informó el presidente Arce.
En mayo del año en curso The Economist Intelligence Unit (EIU, por sus siglas en inglés), consideró a Bolivia el país mejor posicionado de América Latina para resistir los efectos globales derivados de las sanciones aplicadas por EE.UU. y sus aliados contra Rusia tras el inicio de su operación militar en Ucrania y de la pandemia de Covid-19. De igual manera se pronunciaron el Fondo Monetario Internacional, Trading Economics, Bloomberg y British Broadcasting Corporation.
El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que su país redujo a 5,3% en el primer trimestre de este año el desempleo abierto urbano y exhibió un crecimiento de 6,1 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB). La tasa de desempleo abierto urbano se redujo de 8,1% en marzo de 2021 a 5,3 unidades sobre 100 en el mismo mes de 2022, gracias a las medidas aplicadas por la administración de Arce.
Con esos resultados, y la convicción del pueblo boliviano de mantener a salvo su sistema político del buen vivir, Camacho verá caer, como ahora, cada uno de sus maquiavélicos planes.
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