Más de tres millones y medio de pesos se han entregado ya en créditos bancarios amparados por el Decreto 289, que regula la entrega de préstamos a personas naturales y favorece a cuentapropistas, pequeños agricultores y personas interesadas en reparar o construir casas.

Desde que el pasado 20 de diciembre entró en vigor esa normativa, se han realizado más de tres mil solicitudes, aunque hasta el momento sólo han sido aprobadas 526, sobre todo para la compra de materiales y el pago de mano de obra en la construcción.

El nuevo Decreto, que da cumplimiento a los Lineamientos 2,10, 50, 51, 52, 53 y 54 aprobados por el VI Congreso, está dirigido a respaldar al sector de la economía no estatal, incrementar la producción agropecuaria, e impulsar la rehabilitación o reparación de viviendas por esfuerzo propio, tres de las necesidades más apremiantes del país.

Los préstamos son otorgados en casi un millar de sucursales de los Bancos Metropolitano, de Ahorro, y de Créditos y Comercio, entidades que para el otorgamiento tienen en cuenta la actividad económica del solicitante, el mérito de la operación y la factibilidad del negocio.

Antes de tomar una decisión, los Comités de Créditos de esas instituciones financieras hacen un análisis de riesgo a partir del monto requerido, las posibles fuentes de amortización y capacidad de pago del deudor, y las garantías para asegurar las obligaciones, entre otros asuntos como la existencia de otras deudas, lo que no es una limitante.

Luego de que el solicitante entregue todos los documentos requeridos, los bancos tienen entre 15 y 20 días para responder ese pedido, algo que constituye un desafío para el sistema bancario nacional.
No hay límites máximos para el préstamo, y los importes y plazos de amortización se acuerdan entre el solicitante y el Banco, pues “todo depende de la capacidad y seguridad de pago del cliente”, según han reiterado varios funcionarios bancarios.

Para acceder a los nuevos créditos hay que ofrecer garantías personales, a través de fiadores solidarios o codeudores, aunque en un futuro próximo, como establece el Decreto a partir de los 90 días de su entrada en vigor, también se aceptarán garantías sobre algunos bienes materiales, como un automóvil o un objeto valioso.

Los prestamos tienen tasas de interés que van desde 4,5 por ciento hasta 9 por ciento, en dependencia del destino de los fondos, el monto y el tiempo de amortización pactado entre el solicitante y los Bancos.

Aunque el Decreto lo establece, aún no se están otorgando créditos para la compra de bienes duraderos como equipos electrodomésticos, lo que se hará cuando existan las condiciones económicas en el país.

La nueva política bancaria ha sido un gran reto en cuanto a la preparación de los trabajadores del sector, la mayoría de los cuales no conocían esta modalidad de préstamos, y ha requerido de la adecuación de los sistemas contables.

La idea de las autoridades bancarias es que los agentes comerciales se conviertan en asesores financieros de los solicitantes, de manera que puedan orientarlos para hacer más efectivo el pedido y a la vez cumplir con los requerimientos del peticionario, quien tal vez pueda pedir fondos de manera gradual para resolver poco a poco sus problemas.

La intención es que tras una negociación entre las partes se pueda diseñar un “crédito a la medida” que cubra las expectativas del solicitante y cumpla los requerimientos legales del banco para cubrir el riesgo.

No menos importante es la Instrucción No. 7 del Ministerio de Economía y Planificación, que también entró en vigor el 20 de diciembre y que elimina el límite de 100 pesos establecido para las entidades estatales que establecen negocios con particulares.

Calidad, precios y plazos de ejecución, entre otros asuntos, serán a partir de ahora las cuestiones que tendrán que tener en cuenta las empresas estatales para sus negocios con privados, cuyo único límite de gastos será el presupuesto de la entidad.

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