Colombia en presidenciales entre la paz y la guerra

Colombia celebra este domingo elecciones presidenciales, en las que se juega un giro en el modelo del país y el futuro de la paz nacional, lacerada por los incumplimientos del Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, un aliado de la política injerencista de Estados Unidos.

Son cinco los candidatos que se disputan el Palacio de Nariño para el período 2018-2022, pero solo dos de ellos tienen posibilidades de ganar, según encuestas: el centroizquierdista Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, de la alianza Colombia Humana, y el derechista Iván Duque, de Centro Democrático, partido del exmandatario Álvaro Uribe, declarado su padrino político.

También aspiran a destronar a Santos, un lacayo de Washington que estaría en preparativos para atacar a Venezuela —según denunció el presidente Nicolás Maduro después de ser reelecto el pasado día 20— Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Germán Vargas Lleras (Mejor Vargas Lleras) y Humberto de la Calle (Partido Liberal), negociador oficialista de las conversaciones con las ahora desarticuladas guerrillas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana.

Una característica de este proceso es que ocurre en medio de la supuesta implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el gobierno santista y las FARC-EP, las que acusan al régimen derechista de continuas irregularidades, aunque ellos cumplieron y entregaron sus armas, desmantelaron sus campamentos y crearon un ambiente tranquilo para realizar los comicios.

El próximo jefe de Gobierno debería llevar a vías de éxito el Acuerdo para pacificar a un país que cuenta con más de medio siglo de guerra, y ocho millones de victimas en distintas circunstancias. Santos no intervino cuando el Congreso Nacional atrasó el proceso y varios actores políticos de derecha boicotean de manera descarada la reinserción de las FARC-EP a la vida civil.

Por el contrario, solo este año más de 100 exguerrilleros y activistas sociales fueron asesinados por grupos paramilitares que actúan con absoluta impunidad contra un campesinado ahora desprotegido y mujeres y hombres que dejaron las armas porque confiaron en su palabra. Gran engaño.

Es en ese contexto que Colombia, con 90 millones de habitantes, llega a estos comicios con denuncias de peso sobre un eventual fraude electoral —nada raro en América Latina— que favorecería a Duque, el hombre al que apoya Washington, la oligarquía local y los medios de comunicación al servicio de los intereses del gran capital. En este caso la situación es más grave, pues de ganar Duque nunca se implementaría el Acuerdo, ya que Uribe es uno de los más reacios a aceptarlo.

La primera acusación de posible fraude partió de Petro, quien durante la campaña promocional sufrió tres atentados contra su persona y uno a la sede de su partido en Barranquilla. Según el candidato, hay un complot en marcha para declarar ganador a Duque y culpó de los presuntos resultados favorecedores al derechista a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Le pido a la Comisión de seguimiento electoral que se verifique el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado sobre el software de la Registraduría, planteó el pretendiente de Colombia Humana, quien hizo un recorrido por la mayoría de los Estados del país en los que prometió transformaciones importantes en la economía y la sociedad colombianas.

Para algunos analistas es la manipulación y alteración del software de la Registraduría el elemento básico para programar un desenlace favorable tanto a Vargas Lleras como a Duque, los personeros actuales del sempiterno bipartidismo liberal conservador.

Los cuestionamientos del político de centro izquierda, con un programa sólido a favor de las clases más vulnerables, son apoyados por senadores, diputados y otros políticos del país, quienes exigen a la entidad una revisión técnica del programa que utilizará en el conteo de los votos.

Según el senador Iván Cepeda, son evidentes los intentos de acallar las alertas sobre lo que calificó como “anomalías en el recuento de los resultados”.

Para la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, la auditoría solicitada es necesaria, pues de lo contrario los partidos políticos no recibirán la información necesaria para darle seguimiento al sufragio.

Barrios aclaró que, sin embargo, ya no hay tiempo para llevarla a cabo, al menos en estas elecciones, y afirmó que hace cuatro años que viene pidiendo una auditoría técnica al software de la Registraduría, “pero es un proceso que requiere tiempo y para el que debe haber una preparación suficiente de parte de la entidad y de las organizaciones que hacen observación electoral y de los partidos políticos”, dijo.

En su defensa, la Registraduría aseguró el pasado lunes que una Misión Electoral de Expertos de la Unión Europea revisaba en ese momento el programa, información puesta en duda por Petro y otros políticos.

De acuerdo con el aspirante de Colombia Humana, en su poder está la confirmación de un eurodiputado que sostiene que Federica Mongherini, Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, decidió que no iría a una misión técnica electoral a Colombia por varias razones, entre ellas, el retiro del partido de las FARC de la contienda.

Aunque Santos y su tropa derechista calificó las recientes elecciones en Venezuela de “engañosas” —aunque esa nación dispone de uno de los mejores sistemas electorales del mundo— el que se usará en Colombia es manual y calificado de uno de los más atrasados a nivel global y con facilidades para cometer los fraudes más descarados, como ocurrió en 1970, y en otros procesos.

Mintiendo, o asesinando a los candidatos presidenciales (como sucedió con Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, todos opuestos al sistema dictatorial de los capitales), es como las denominadas democracias liberales en Colombia logran mantenerse en el poder para garantizar las tiranías oligárquicas.

A estos crímenes se suma el método de compra y venta de votos por parte de las castas políticas y su control absoluto sobre los principales órganos del sistema nacional electoral, lo que ocurre hasta el día de hoy. Los comicios legislativos del 11 de marzo pasado también mostraron el lado oscuro del sufragio con centenares de imputaciones de agrupaciones no oficialistas. Aunque hubo un intento de reformar el sistema comicial como parte de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 por Santos y las FARC-EP, el gobierno incumplió en ese proceder, al igual que lo hace con la reforma agraria y la reintegración civil de los miembros de la organización subversiva, ahora convertida en un partido político sin trascendencia.

Son 36 227 267 los habilitados para votar este domingo, más 819 398 residentes en el exterior, que ya lo hicieron en días previos. Sin embargo, la abstención fue la ganadora en la última acción de este carácter cuando un 70 % de la ciudadanía se quedó en sus casas, quizás porque conocen cómo funciona el sistema y lo que de él puede esperarse.

Estas elecciones serán ganadas en primera vuelta si uno de los postulados obtiene el 50 % más uno de los votos. Si no es así, una segunda ronda ocurrirá el domingo 17 de junio y la victoria la obtendrá quien gane el mayor número de boletas favorables.