Razonable para todos

El concepto aparece en todas las convenciones internacionales y en las leyes cubanas. Se repite en discursos oficiales y en manuales de buenas prácticas, no obstante, en la realidad cotidiana es un gran desconocido. Hablo del "ajuste razonable".

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo define como las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el goce de sus derechos en igualdad de condiciones. La definición es técnica, pero su aplicación práctica es mucho más sencilla: quitar un escalón que sobra, bajar la altura de un mostrador, permitir un horario flexible, adecuar un baño y ajustar el software de una computadora, es decir, realizar cambios, a veces pequeños, que permiten trabajar, estudiar, atenderse en un hospital o simplemente vivir con autonomía.

Aquí aparece un primer matiz que no es menor. Un ajuste razonable no es lo mismo que accesibilidad universal. La accesibilidad universal es el ideal al que se debe aspirar: que todo esté diseñado desde el origen para todas las personas pero mientras se llega a ese ideal (y el camino es largo, porque las ciudades no nacieron pensando en la diversidad), los ajustes razonables son la herramienta inmediata, la respuesta concreta a una necesidad específica de una persona dada. No se trata de arreglar todo el edificio, se trata de permitir que esa persona, hoy pueda entrar.

La presidenta nacional de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM), Mabel Ballesteros, conoce bien esa diferencia. Desde su organización, acompañan a personas que solicitan ajustes en centros de trabajo, escuelas, transportes y espacios públicos. Un ejemplo cotidiano que ella comparte a menudo: una persona en silla de ruedas que necesita usar el baño de una oficina. El baño tiene un escalón de apenas unos centímetros para cualquier persona sin discapacidad, es una cuestión insignificante. Para quien depende de una silla, ese escalón es un muro. ¿En esta situación cuál sería el ajuste razonable? Instalar una pequeña rampa portátil o rebajar el borde. El costo es mínimo, la molestia para la institución es casi nula, sin embargo, el trámite para conseguirlo puede tomar meses y a veces no se consigue.

Lo que este ejemplo revela es el doble filo de la palabra "razonable". Para la persona con discapacidad, razonable es lo que le permite acceder a un derecho. Para la institución, en cambio, razonable suele ser lo que no cuesta demasiado, modifica rutinas u obliga a pensar distinto. Y ahí se produce una tensión que la ley no siempre resuelve porque la Convención establece que la carga no debe ser desproporcionada, pero ¿quién define la desproporción?.

En Cuba existen avances normativos sobre el tema. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha emitido resoluciones que obligan a las entidades a realizar ajustes razonables para los trabajadores con discapacidad. El Código de las Familias reconoce el derecho a los apoyos y ajustes en el ámbito familiar y comunitario. Pero entre la ley y la práctica hay un trecho que, con demasiada frecuencia, se hace eterno. Allí es donde organizaciones como la ACLIFIM cumplen un papel fundamental: acompañar, asesorar y, cuando hace falta, exigir.

Ballesteros enumera los ajustes más solicitados por las personas con discapacidad físico-motora en Cuba: rampas desmontables en entradas de edificios, adecuación de baños, ajuste de altura en escritorios y mostradores, espacios reservados en el transporte público, eliminación de barreras arquitectónicas menores. La mayoría de estas adaptaciones no requieren grandes inversiones, no obstante, los obstáculos que encuentran no son técnicos ni económicos. Son, sobre todo, culturales y administrativos. Falta de información, formación del personal, o simplemente una resistencia sorda a modificar rutinas, y eso es lo más frustrante: que la barrera no sea la falta de recursos, sino la falta de voluntad.

Aquí entra otro concepto que merece atención. El ajuste razonable no es un favor que se concede por el contrario es un derecho que se ejerce. La persona con discapacidad no tiene que "caer bien" para que modificar el entorno a su favor. No tiene que demostrar que lo "merece" por su esfuerzo o su talento. El derecho existe por sí mismo, independientemente de las simpatías personales y cuando no se cumple, se puede y se debe reclamar.

La presidenta nacional de la ACLIFIM advierte que muchas personas con discapacidad en Cuba desconocen sus derechos en materia de ajustes razonables, o no tienen claros los canales para exigirlos. Ese desconocimiento no es casual: es el resultado de una información que no llega, una formación que no se ha sistematizado y una cultura jurídica que todavía no ha interiorizado que la discapacidad es una cuestión de derechos, no de caridad. Por eso, el trabajo de la ACLIFIM incluye también la divulgación y la asesoría legal. No basta con que la ley exista, tiene que haber una ciudadanía que la conozca, la exija y tenga mecanismos para hacerlo.

En ese punto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Hablar de ajustes razonables no es llenar un espacio con palabras técnicas, es explicarle a una madre que puede pedir que la escuela de su hijo adapte la entrada, informarle a un trabajador que su empresa está obligada a adecuar su puesto y recordarle a un funcionario que negar un ajuste sin justificación objetiva es una forma de discriminación. La información es el primer escalón de la rampa.

No todos los ajustes son baratos ni sencillos. A veces la carga realmente es desproporcionada pero la norma, en esos casos, exige que la institución demuestre esa desproporción. Y mientras demuestra, tiene la obligación de buscar alternativas porque la buena fe no consiste en decir "no puedo", sino en decir "no puedo esto, pero voy a intentar esto otro". 

Cuando la voluntad aparece, las soluciones también. No siempre son perfectas, no siempre son las que se soñaron pero aparecen y cada pequeño ajuste que se logra es una victoria no solo para la persona que lo recibe, sino para toda la sociedad porque normaliza la idea de que el entorno se puede modificar, que la discapacidad no es un problema individual y que la inclusión es posible.

Los ajustes razonables no son un lujo, ni un parche provisional mientras se espera la accesibilidad universal. Son una herramienta viva, cotidiana y necesaria. Son la forma concreta en que una sociedad le dice a sus ciudadanos con discapacidad: tú importas, cuentas, tienes derechos y voy a hacer lo posible para que puedas ejercerlos.

Un ajuste puede ser pequeño, no obstante, su impacto en la vida de una persona es enorme. Si se puede hacer que se haga. Si se necesita que se pida. Si se niega sin razón que se exija. Porque la inclusión no se construye con discursos, se construye con cada escalón que se elimina, con cada mostrador que se adecua y con cada derecho que se ejerce.