sábado, 26 de noviembre de 2022

Pulgarcito de América en peligro

Con la derogación de la Ley de Amnistía por la Sala de lo Constitucional de El Salvador, se abre la posibilidad de desestabilizar al gobierno...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 23/07/2016
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Son muchos los que consideran que la Sala de lo Constitucional de El Salvador abrió la Caja de Pandora, cerrada con tres llaves cuando se firmaron los acuerdos de paz en ese país en 1992, con su fallo sobre la invalidez de la Ley de Amnistía, lo que puede remover heridas aún frescas y crear un ambiente de inestabilidad en el llamado Pulgarcito de América.

Esta pequeña nación centroamericana, de 21 041 km² de extensión y poco más de seis millones de habitantes, vive ahora momentos de incertidumbre, pues mientras una porción de la población quisiera recuperar parte de sus vidas, perdidas cuando murieron sus familiares, otra avisa de que puede sobrevenir un huracán político en poco tiempo, a tenor de los planes de la derecha internacional de derrocar los gobiernos progresistas.

Entre los factores que propiciaron la guerra (1980-1992), según estudiosos, estuvieron la agudización de la situación económica, los fraudes electorales y el descontento de la población con los gobiernos militares. Durante el conflicto, fuerzas paramilitares asesinaron en 1980 al arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, y a Fray Cosme Spessotto Zamuner.

El pasado jueves, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, decretó la anulación de la Ley de Amnistía para la consolidación de la paz, aprobada en 1993 por la Asamblea Legislativa de entonces, cinco días después de que la Comisión de la Verdad, creada con la firma de los Acuerdos de Paz, informara sobre los sucesos ocurridos durante la confrontación bélica y diera recomendaciones para encaminar los procesos.

La decisión del cambio ahora significaría la reapertura de investigaciones penales por unos 30 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares, funcionarios públicos y guerrilleros, de acuerdo con la Comisión, a la que en su momento no escuchó el oficialismo.

Cuando se dictó la ley, el ahora gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se opuso, pero sus opiniones no fueron tomadas en cuenta.

Sin embargo, luego de más de una década de la firma de la paz, era impensable un retroceso a una etapa histórica en la vida de los salvadoreños, que ahora tienen otros propósitos políticos y sociales bajo la dirección del presidente Salvador Sánchez Cerén, uno de los líderes del FMLN y firmante de la paz.

La Sala indica que la ley viola el “derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario”.

Poco después de emitirse la resolución, Sánchez Cerén habló en transmisión conjunta de la radio y la televisión para esclarecer algunos puntos y enfatizó en que “quienes conducimos este gobierno, siempre hemos tenido un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto”.

El dirigente político, segundo presidente consecutivo del FMLN desde el 2009, reafirmó su compromiso de alcanzar “una sociedad justa y democrática en la que no se repitan las condiciones, ni los hechos que llevaron a esas graves violaciones de derechos humanos”.

Precisó que de manera reiterada “hemos señalado ante otras resoluciones de esta Sala, que estas no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudiza”.

El mandatario, quien lleva adelante varios programas económicos y sociales para mejorar la calidad de vida de su pueblo, consideró que las sentencias emitidas “ignoran, o no miden los efectos que pueden tener, no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que, además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”.

Para analistas, detrás de la posición de la Magistratura está la búsqueda de una confrontación entre el opositor partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), perdedor en los dos últimos comicios presidenciales, y el FMLN; entre el gobierno y el Ejército, e incluso la división de dos generaciones de militares.

Esas fuentes consideran que hace 15 años, cuando concluyó oficialmente el conflicto bélico interno, pudieron celebrarse los juicios contra los criminales, tal como ordenó la Sala de lo Constitucional de aquella época.

La actitud de los actuales integrantes de la Sala compromete el proceso democrático que se vive hoy en El Salvador, lo cual confirma el criterio del oficialismo de que se trata de quebrar la institucionalidad de la nación, en recuperación de una etapa neoliberal con graves repercusiones en la sociedad, entre ellos, la corrupción y la delincuencia.

Además de anular la Ley de Amnistía General, también la Sala declaró inviables 900 millones de dólares en bonos aprobados por el Ejecutivo con destino, en su mayor parte, a combatir la violencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

En su propósito de encarar al gobierno del FMLN, la institución prohibió también un cargo a la tarifa de la electricidad dictado por un decreto ejecutivo, pero sin afectaciones para un 70 % de la población, lo cual indica el propósito de un enfrentamiento entre poderes.

Pero, quizás la disposición más grave sea la eliminación de la figura del parlamentario suplente, lo cual va en contra de la Constitución Nacional, ya que fueron electos en las urnas de manera democrática.

En declaraciones a la prensa, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, afirmó que el FMLN —del cual es diputada— favorece una normativa de justicia, verdad y reparación de las víctimas de la guerra, pero criticó las medidas de la Sala que, a su criterio, “buscan generar un ambiente de inestabilidad” en El Salvador.

En entrevista con Radio Maya Visión, Peña precisó que los magistrados tergiversan la historia, el informe de la Comisión de la Verdad, el espíritu de ese documento —que todo el mundo debe conocer— y, además, busca inducir hacia una lista cerrada para enjuiciar.

Aseguró que la Sala responde a los intereses de la oligarquía y del partido ARENA, por lo cual hace un boicot económico al gobierno al suspender determinados movimientos financieros.

Respecto a la anulación de los diputados suplentes, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, consideró que es una medida “muy grave”.

Lorenzana argumentó que se impone ahora la unidad de las fuerzas políticas para responder a los fallos de la Sala, muchos de los cuales, precisó, van en contra de la Constitución y sitúan al país en una ruta que podría descarrilar el rumbo, ya que anuló una elección popular.

El Salvador, opinan observadores, deben preservar la paz luego de un conflicto de 12 años que dejó como saldo 75 000 fallecidos, más de 7 000 desaparecidos y cuantiosos daños económicos.


Clara Lídice Valenzuela García

http://visioncubana.blogcip.cu/

Periodista


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