En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense.
El gobierno de EE.UU lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen para justificar la escalada de su guerra económica total.
Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo.
Es inmoral, ilegal y criminal la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba o simplemente nos provean de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseos u otros.
El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores.
La patria se defiende
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