«La provincia de Oriente no se dividió, sino que se multiplicó». La frase pronunciada por Fidel Castro el 7 de noviembre de 1976, durante la constitución de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Demajagua, resumía el alcance de una transformación que iba mucho más allá de modificar los límites de un mapa.
Aquel día comenzaba a tomar forma una nueva estructura de gobierno, concebida para acercar las decisiones a los territorios y propiciar una participación más directa de la población en la gestión de los asuntos públicos. La antigua provincia de Oriente, una de las seis en que se dividía entonces el país, daba paso a varias nuevas demarcaciones. Con ellas nacía también una organización institucional distinta.
El proceso no surgió de manera repentina. Desde los primeros años de la Revolución se habían ensayado fórmulas para fortalecer la administración local y hacer más efectiva la atención a las necesidades de la población. En abril de 1961 se crearon las Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), una de las primeras experiencias dirigidas a coordinar el trabajo de los organismos estatales en los territorios. Más adelante, en 1965, se establecieron los órganos del Poder Local, que comenzaron a ejercer sus funciones en enero de 1966.
Aquellas estructuras constituyeron antecedentes de la organización que se establecería una década después, aunque todavía funcionaban dentro de una división político-administrativa que presentaba dificultades para la gestión económica y social. La doctora en Ciencias Históricas Mayra San Miguel Aguilar, autora de Los órganos del Poder Popular en Holguín. 1976-2019, explica que antes de llegar a esa estructura se sucedieron distintas formas de gobierno local: los comisionados, las JUCEI y los órganos del Poder Local. Cada experiencia respondió a las necesidades de su momento y permitió identificar posibilidades y limitaciones en la administración de los territorios.
Durante esos años también se desarrollaron experimentos para ampliar la participación en la gestión local. Entre ellos estuvieron los realizados en Mayarí y Gibara. En esta última localidad funcionó, aproximadamente entre 1970 y 1973, una experiencia de gobierno electo integrada por doce personas, conocida popularmente como el Gobierno de los Doce. Según recuerda San Miguel Aguilar, durante ese período la población se involucró en diferentes tareas comunitarias, entre ellas la construcción del malecón de Gibara.
La extensión de los territorios y la distancia entre determinados centros de decisión y las comunidades dificultaban la atención de los problemas locales. En el caso de la región holguinera, por ejemplo, algunas unidades agropecuarias eran administradas desde municipios de otras provincias o desde localidades alejadas, como Mayarí, Las Tunas y Bayamo. La organización territorial no siempre se correspondía con las relaciones económicas y sociales que se habían desarrollado en cada zona.
A esas dificultades se sumaba la existencia de estructuras administrativas creadas por distintos organismos, que no siempre coincidían entre sí. Las zonas de desarrollo agrario organizadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto con otras divisiones y niveles de dirección, complejizaban la coordinación del trabajo y la atención de las actividades económicas. La experiencia acumulada mostró la necesidad de contar con una base territorial más coherente para la gestión estatal.
La necesidad de revisar aquella estructura ganó fuerza con el crecimiento de la economía y la complejidad de las tareas de dirección. El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en diciembre de 1975, aprobó una resolución sobre la nueva División Político-Administrativa. El propósito era establecer una organización territorial más adecuada a las características económicas, sociales y demográficas del país, así como a sus perspectivas de desarrollo.
La propuesta contemplaba sustituir las seis provincias existentes por 14 y reorganizar los municipios, que pasarían a ser 169. También eliminaba las regiones como nivel intermedio de administración. No se trataba solamente de redistribuir territorios: la nueva estructura debía facilitar la planificación, la coordinación de los organismos y el ejercicio de las funciones estatales en cada demarcación.
La reorganización territorial formaba parte de un proceso más amplio. Como explica Mayra San Miguel, la institucionalización de la Revolución comprendía cuatro componentes fundamentales: la aprobación de una nueva Constitución, la División Político-Administrativa, el establecimiento de los órganos del Poder Popular y la puesta en marcha de un nuevo sistema de dirección y planificación de la economía. Se trataba, por tanto, de articular las bases jurídicas, políticas, administrativas y económicas de una nueva etapa.
En febrero de 1976, la aprobación de la nueva Constitución ofreció el marco institucional para esa transformación. La Carta Magna estableció los principios de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular y definió las asambleas como órganos superiores locales del poder del Estado en sus respectivas demarcaciones.
La Ley número 1304, del 3 de julio de 1976, dispuso la nueva División Político-Administrativa. Con ella quedaron establecidos los límites de las provincias y municipios que entrarían en funcionamiento durante aquel año. El país se preparaba así para constituir las asambleas que asumirían las responsabilidades de gobierno en cada territorio.
El primer paso tuvo lugar el 31 de octubre de 1976, cuando se constituyeron las asambleas municipales del Poder Popular. Una semana después, el 7 de noviembre, correspondió el turno a las provinciales. La jornada tuvo como escenario central, en la región oriental, el histórico ingenio La Demajagua, en la actual provincia de Granma.
La elección de ese sitio confería a la ceremonia una significación particular. En aquel lugar, Carlos Manuel de Céspedes había iniciado la lucha por la independencia en 1868. Más de un siglo después, el espacio volvía a ser escenario de un acontecimiento político de alcance nacional, esta vez vinculado a la organización del Estado revolucionario.
Durante el acto, Fidel destacó el sentido de la nueva división y llamó a que las provincias mantuvieran relaciones de cooperación. La reorganización no debía convertirse en motivo de aislamiento ni de competencia entre territorios. Por el contrario, cada provincia tendría que impulsar su desarrollo y contribuir al del país, sin depender exclusivamente de las decisiones del Gobierno central.
La constitución de las asambleas provinciales completó una etapa decisiva del proceso. A partir de entonces, los órganos del Poder Popular contarían con una estructura municipal y provincial, con responsabilidades definidas por la Constitución y las leyes. Entre sus funciones estaban atender los problemas de sus demarcaciones, aprobar los planes correspondientes y controlar la actividad de las administraciones locales.
La experiencia que comenzaba en 1976 era resultado de años de búsqueda y transformación institucional. Desde las primeras fórmulas de coordinación territorial hasta los experimentos de participación local y la constitución de las asambleas, la Revolución había ensayado distintas maneras de organizar la gestión pública y acercarla a las necesidades de la población.
Aquel 7 de noviembre, cuando Fidel afirmó que Oriente no se había dividido, sino multiplicado, resumió el sentido de una reorganización que pretendía convertir la nueva estructura territorial en una herramienta para el desarrollo. La historia de los órganos del Poder Popular comenzaba a escribirse en cada municipio y provincia, allí donde las decisiones del Estado debían encontrarse con la vida cotidiana de sus habitantes.
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