Países de esa franja subsahariana exponen luctuosas estadísticas tras ser víctimas directas del radicalismo ideopolítico de torcida confesión islámica, aunque también de una marginalización que secuestra sus esperanzas socioeconómicas.de progreso.
En los primeros tres meses y medio del año Burkina Faso, Estado del occidente saheliano, sufrió la pérdida de 3 000 ciudadanos, según el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados.
La violencia integrista se entronizó en territorio burkinés a partir del 2015, tras el derrocamiento de Blaise Compaorè, y es parte de una espiral de agresiones que también afecta a sus vecinos: Mali y Níger.
- Consulte además: Burkina Faso, una respuesta pendiente
Así se atormenta la vida en el oeste de la franja semidesértica colindante con el Sahara, mientras la masacre terrorista bloquea opciones de desarrollo socioeconómico y plantea mucha incertidumbre ante un posible cambio a mediano plazo.
En el caso de Burkina Faso (País de hombre íntegros en lengua nacional yula) los ataques provocaron una emergencia humanitaria, que organizaciones de auxilio califican de “sin precedente”.
Con la muerte de más de 10 000 civiles y militares y el desplazamiento de unos dos millones de personas desde 2015, las agresiones destrozan la rutina burkinesa en la que sobresalen la destrucción de infraestructuras médicas y educacionales.
“Más de 200 centros de salud han tenido que cerrar, lo que ha dejado sin acceso a atención sanitaria y nutricional a más de dos millones de burkineses y burkinesas”, apunta coordinadoraongd.org.
En el caso de la docencia más de 2 500 colegios fueron clausurados por la violencia extremista y otros muchos funcionan en forma intermitente debido al amento de la inseguridad, todo lo cual trata de frenar el conjunto de fuerzas gubernamentales.
Desde abril pasado está en vigor una movilización general contra los fundamentalistas, un plan de acción confeccionado por la junta militar liderada por el capital Ibrahim Traorè y basado -según observadores- en la guerra total antiterrorista.
El Estado asume la defensa como una de sus funciones para garantizar la seguridad de la población civil y de la viabilidad de las instituciones que rigen el quehacer burkinés, bastante lastimado por los grupos integristas.
La decisión de Traorè “es un marco constitucional, (con) más poder, más autoridad, para crear, organizar y dirigir los medios para enfrentar el peligro”, declaró a la prensa el director de Justicia Militar de Burkina Faso, François Yameogo.
Para el ministro de Defensa, coronel Kassoum Coulibaly, la movilización es “el resurgimiento del espíritu nacional para encontrar una solución” al problema, lo que supone enfrentar la violencia con la fuerza requerida.
Las tropas de Burkina Faso abatieron a un centenar de extremistas en el sur del país, en su ofensiva contra formaciones radicales islamitas, informó recientemente una fuente castrense en relación con los resultados de la movilización general.
De esa manera la efectividad militar sostiene y refuerza la convocatoria contra el terror, en uno de los países más pobres del continente africano y donde manifestaciones ciudadanas demandan incrementar la seguridad.
El antiguo Alto Volta tuvo un importante avance social entre 1983 y 1987 con el gobierno revolucionario Thomas Sankara, cuyo asesinato a manos de la reacción dio paso a la administración de Blaise Compaorè, uno de los implicados en el magnicidio.
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