El presidente de Perú, Pedro Castillo, comienza otra semana con el agravamiento de la crisis política que afecta el país, pero con la determinación, advirtió, de que no renunciará a su responsabilidad política, a pesar de acusaciones, algunas supuestamente comprometedoras, para sacarlo del Palacio de Gobierno.
Los últimos días, al contrario de meses anteriores, en que la población observó a un mandatario al parecer asfixiado por las malas prácticas del Congreso Nacional y el sistema de justicia, afirmó ahora su disposición a defender el mandato que el pueblo le otorgó en las urnas, marcadas por la esperanza.
La pasada semana cerró con un agradecimiento a sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández, Bolivia, Luis Arce, Ecuador, Luis Lasso, y México, Andrés Manuel López Obrador, quienes pidieron un diálogo interno ante la crisis.
En un mensaje en Tuiter, el maestro-presidente expresó su gratitud ¨por el respaldo a la consolidación de nuestra democracia y gobierno frente a las maniobras de sectores antidemocráticos”.
Los cuatro jefes de gobierno, sensibilizados por la situación peruana y el continuo hostigamiento al dignatario de origen humilde, firmaron un comunicado conjunto que llama a todas las instituciones y fuerzas políticas “a fortalecer el diálogo, como herramienta para superar la actual coyuntura que atraviesa el país”.
Tras reiterar su solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas, expresaron su confianza ¨en que todos los actores nacionales privilegiarán la construcción de consensos amplios, inclusivos y participativos que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema político establecido por la Constitución y la vigencia del Estado de Derecho”.
También ALBA Movimientos denunció a la comunidad internacional el golpe de Estado que se viene gestando en el país andino para desconocer la voluntad popular que eligió a Castillo como su presidente el pasado año.
Una nota de esa organización progresista indicó que ¨con argucias judiciales y hostigamiento de los principales medios de comunicación pretenden derrocarlo¨. Hacemos ¨un llamado a las organizaciones sociales y populares de Nuestra América, precisó, a estar atentas y no permitir una nueva dictadura en Perú. Fuerza hermanos y hermanas peruanas¨.
Mientras, Castillo continuó una serie sus reuniones con organizaciones sociales, que le ofrecen su apoyo frente al asedio político y judicial del que es objeto. Esta vez recibió la visita y el respaldo de dirigentes populares y veteranos de las fuerzas armadas.
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Tras dos días de esas acciones en el Palacio de Gobierno limeño, el pasado viernes viajó a San Martín, una de las regiones donde ganó tanto en primera como en segunda vuelta de las pasadas elecciones y en la que prometió que no le "quebrarán".
Esa ha sido su máxima desde que la Justicia, por solicitud de la Fiscalía, ordenó el pasado martes el arresto por diez días de su cuñada Yenifer Paredes, a la que Castillo crió como a una hija.
"Pueblo peruano: a mí no me van a quebrar, gracias a este pueblo que me ha puesto al frente del país (...) Cuando hay un debate en el primer poder del Estado (el Congreso), lejos de ver esta realidad, ciertas personas que se han criado en alfombras ningunean (1) y tratan mal a los congresistas procedentes de la clase obrera", dijo a sus simpatizantes.
Estos, enardecidos, le pidieron el cierre del Parlamento, de mayoría derechista, que jamás aceptó a un presidente que vive de un salario en un lugar remoto.
Castillo refirió que los medios de comunicación han construido un "show mediático" y precisó que quienes "salen en la gran televisión" y "cruzan la pierna en el set, no conocen el país". Piden la vacancia porque detestan, dijo, que un chacrero (campesino) esté en la Casa de Pizarro".
El gobierno acusó además a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por abrir seis investigaciones contra el mandatario por presunta corrupción. El gabinete presidencial considera que la magistrada participa en una confabulación con sectores políticos, mediáticos y parlamentarios, lo que ella niega.
DERECHA COMPACTA
Aunque no es la primera vez que actúan de manera despiadada contra un presidente, el Congreso y el sistema judicial se esfuerzan en lograr la destitución de Castillo con posiciones rayanas en lo absurdo y medidas desmesuradas que van más allá de sus límites de poder.
Uno de los episodios más vergonzosos –y que demostraron una vez más el plan de desprestigio contra la primera figura política del país- ocurrió cuando le denegaron permiso para asistir a la asunción de Gustavo Petro como nuevo mandatario de Colombia, el pasado día 7.
Como se observa, las fuerzas derechistas en el Congreso, donde carecen de mayoría absoluta y por eso no logran destituirlo, buscan poner al país ante un callejón sin salida. Tocaron vanamente la puerta de los cuarteles y fracasaron en toda la línea en la concreción de sus objetivos más soñados, por lo que alinearon sus baterías contra los uniformados.
Para analistas que conocen el mal político de fondo que azota Perú hace décadas y los cambios forzados en el poder, se trata de lograr que el conservadurismo se oficialice en la figura de Keiko Fujimori, en contra de la voluntad de los peruanos.
Castillo, maestro rural y político en la empobrecida región de Cajamarca llegó a Lima, la capital, quizás se haya equivocado en alguna medida adoptada. Pero este tiempo constituyó una tortura manejada por un Congreso Nacional derechista en mayoría, que le impide gobernar mediante fórmulas de desgaste al no aceptar, por ejemplo, los cinco gabinetes constituidos y construir en su contra seis procesos judiciales.
Si bien algún ingenuo podría pensar en un interés sano del órgano legislativo en los asuntos del Ejecutivo, basta conocer los históricos planes de los Fujimori para retornar al poder. Keiko es líder del partido conservador Fuerza Perú, principal agrupación opositora, e hija del dictador Alberto Fujimori.
Esta mujer que ha demostrado sus mañas políticas, perdió las elecciones
en el 2011 ante Ollanta Humala y en el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski. Más recientemente, una nueva derrota ante el maestro de Cajamarca.
La conocida hija de Fujimori, símbolo del ultraderechismo, no fue aceptada por la población que prefirió votar por Castillo, sin gran experiencia política pero con un programa de gobierno progresista que incluye la redacción de una nueva Carta Magna. El mandatario colisionó de frente con las ambiciones de poder de la Fujimori y sus poderosos protectores.
En sus tres intentos por adueñarse de Perú la política conservadora prometió un régimen inclusivo, los ciudadanos nunca conocieron su diseño gubernamental. En el Legislativo boicoteó las leyes presentadas por Humala y Kuczynski para encarar el drama nacional de pobreza. Sus intereses son puramente personales y electorales.
DINÁMICA DEL PROCESO
La dinámica del proceso se orienta por ahora en no a condenar a Castillo , sino simplemente despojarlo de su función gubernativa, cosa que se podría lograr por una decisión judicial “pre-cautelar”; o una resolución congresal extraída por fórceps “rebajando” arbitrariamente el número de votos constitucionalmente requeridos para una vacancia, o una suspensión en el desempeño del cargo.
Si eso se lograra, el proceso judicial que se ventilará dentro de algunos años, pasará a segundo plano y carecerá de importancia.
La mejor muestra de porqué es difícil esperar algo esperanzador de este congreso se dio en la elección de su nueva Mesa Directiva. Fue la oficialización del transfuguismo político y de que el interés nacional y el Perú “les importa un comino”. De los cuatro candidatos, tres cambiaron de partido sólo para ser postulados a la dirección del Legislativo, y perdieron. La ganadora es congresista luego de seguir ese camino en 2021.
Esta es la sexta investigación preliminar contra el presidente. Las otras cinco están referidas al caso de ascensos en las Fuerzas Armadas, el presunto tráfico de influencias en Petroperú, el supuesto plagio de su tesis, el caso Puente Tarata III y el presunto delito de encubrimiento personal.
El jefe de Estado niega todas las acusaciones contra él y su familia.
La alevosía del sistema judicial llegó al extremo de allanar la residencia presidencial para detener a su cuñada, de 26 años y viviendo en Camajarca, por lo que el mandatario denunció a la prensa, a sectores de la oposición política y a la Fiscalía de “confabular” para “tomar el poder de forma ilegal”.
Resaltó que “quienes buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer” su victoria electoral ante Fujimori.
Sin embargo, la Fiscalía insiste. El Poder Judicial de Perú rechazó en las últimas horas la autorización a una nueva ocupación del Palacio de Gobierno, solicitada para requisar los registros de la video-vigilancia de la sede.
El fiscal del caso, Hans Aguirre, pretendía verificar si estaba en la sede la hija putativa del presidente, Yenifer Paredes, sobrina de su esposa, para detenerla por una investigación de presunta corrupción, sin encontrarla.
La joven se entregó al día siguiente al Ministerio Público y al juez que monitorea las pesquisas, Raúl Justiniano. Paredes se encontraba en Cajamarca, de donde es oriunda al igual que el mandatario, y está acusada de negocios ilícitos con una empresa constructora.
El mandatario visitó en estos días la región central de Huánuco, donde señaló que sus detractores
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