México más triste hoy por Ayotzinapa

México amaneció este martes aún más triste, al recordarse el tercer aniversario de la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, un crimen que sigue sin castigo, en tanto sigue buscando entre las ruinas a las víctimas de dos terremotos de gran magnitud ocurridos en los últimos días.

La Naturaleza arremetió contra el antiguo país de los aztecas cuando dos sismos estremecieron con una semana de diferencia varios estados y la capital federal, con un saldo preliminar cercano a los  350 muertos, desaparecidos aún sin cuantificar, y pérdidas materiales importantes, entre ellas el derrumbe de una parte de su infraestructura inmobiliaria.

En medio del caos aun existente, decenas de naciones entregan su solidaridad al pueblo mexicano, víctima, por demás, de la indolencia y de la impunidad con que sus gobernantes manejan los casos de asesinatos y desapariciones. Los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa aun claman justicia por sus hijos, y de nuevo volverán a las calles, insatisfechos con las investigaciones oficiales.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en el violento estado de Guerrero dominado por el narcotráfico, se dirigían en un ómnibus hacia Iguala, la cabecera municipal, donde participarían en un acto de repudio a las políticas del alcalde de esa localidad.

Al llegar, los recibió una balacera que dejó seis muertos en el bus, tres de ellos normalistas, mientras el resto era apresado por la policía. Trasladados a un cuartel, esa fue la última vez que se les vio con vida.

Hasta hoy, cuando han pasado más de mil días de la detención, y luego de una búsqueda exhaustiva por los parientes y el pueblo mexicano, movilizado de manera espontánea por sus muchachos, la conclusión es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de sus muchas promesas, muestra en el proceso poca voluntad de llegar a la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas.

No eran jóvenes de la clase pudiente agrícola mexicana. Se trataba de un grupo de casi adolescentes que querían hacerse maestros, como es tradicional en esa escuela, para enseñar después a los más pobres del estado de Guerrero, que como otros en México, vive bajo el dominio de los traficantes de drogas.

Sus parientes no han dejado de buscarlos ni un solo día, ni tampoco de denunciar la desidia y la impunidad con que opera el oficialismo. Este caso, que atrajo la atención mundial sobre la situación de los derechos humanos en tierra mexicana, movilizó como nunca antes a una sociedad al parecer adormecida por el hábito de sobrevivir en medio de la violencia y la indiferencia de las autoridades, casi siempre cómplices de los narcotraficantes.

Al menos así lo demostraron las investigaciones que se vieron obligadas a hacer las autoridades federales, una vez comprobadas que las declaraciones de los dirigentes políticos de Ayotzinapa eran falsas, luego de ser detenidos junto a sicarios del grupo mafioso Guerreros Unidos.

Nunca se sostuvo la versión de los hechos ofrecida en enero del 2015 por el entonces procurador de justicia Jesús Murillo Karam. Para este funcionario, “la verdad histórica” consistía en que policías municipales entregaron a los estudiantes a un grupo de narcos, los que la noche del 26 al 27 los asesinó e incineró los cuerpos en el basurero de Cocula, arrojando las cenizas al río San Juan.

Las indagaciones independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las evidencias refutaban tal tesis, considerada insostenible.

El GIEI estuvo 14 meses trabajando este caso y su conclusión fue que el ataque contra los normalistas fue masivo y coordinado entre fuerzas policiales y militares y que nada saldría en claro hasta que fueran entrevistados por el gobierno los miembros del ejército que monitorearon a los apresados.

Tres años después del suceso, las autoridades federales mantienen su teoría de la llamada “verdad histórica”, en tanto se negaron a que el GIEI continuara sus pesquisas, a pesar de que ese organismo pidió más tiempo y que padres y madres reclamaran su presencia en México.

Una sucia campaña mediática se desató contra el equipo argentino, cuyo informe conclusivo indica a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, como presunto responsable de la colocación de bolsas con cenizas –los supuestos restos mortales de los desaparecidos- usadas después para elaborar la versión oficial del crimen de Iguala.

Zerón, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, repitió el pasado día 2 la versión oficial sobre los conocidos como “Los 43”, e indicó que luego de más de 800 búsquedas no hay indicios que modifiquen la  “verdad histórica”.

Voceros del gobierno de Peña Nieto han insinuado más de una vez que los jóvenes participaron, sin saberlo, en un movimiento de drogas que estarían en el ómnibus donde se trasladaban y fueron ultimados en una riña de pandillas, algo tan inverosímil que indignó no solo a los parientes sino a decenas de organizaciones y movimientos populares que claman por la perdida justicia.

En los primeros días de este mes, un reporte del diario La Jornada de México confirmó que el número de desaparecidos en ese país no tiene precedentes históricos: hay 33 482 personas “no localizadas”, entre los años 2007 y 2017, la mayoría de ellos jóvenes, como los de Ayotzinapa.

De ese alto número de personas solo 1 205 están registrados oficialmente como delitos federales, según el diario, mientras 32 277 están archivados en expedientes bajo la responsabilidad de Procuradurías y Fiscalías estatales.

Para las madres y los padres de los desaparecidos forzados en Ayotzinapa aún el destino de sus hijos es una incógnita. Resultaría una utopía encontrarlos con vida, pero ellos merecen, como mínimo, tener una tumba digna donde familiares y amigos les rindan el homenaje que merecen.