Meridiano del mundo está caliente (+Audio)

Quizá el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso duerma tranquilo, pero si piensa en los diversos cuestionamientos a su gobierno, casi todos pendientes, con certeza sufre de un continuo insomnio. Al menos eso indica la situación de Ecuador, rayana en un estado crítico.

La administración actual está sumida en candentes problemas, los que en lugar de decrecer aumentan y son presagio de nuevas protestas populares y paros.

Para el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE), Mario Ramos, el “dejar hacer, dejar pasar” del régimen de Lasso, un banquero con casi 40 000 000 de dólares en sus bolsillos es, a veces, una “ estrategia deliberada para mantener alarmada y atemorizada a la sociedad y tener vía más expedita para cuestiones como la privatización del patrimonio público de los ecuatorianos, iniciada por el renegado Lenin Moreno, quien renunció a sus posiciones progresistas y abrió las puertas del país al neoliberalismo.

Para el presidente resultan un gran inconveniente las discrepancias con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que agrupa a 53 organizaciones,18 pueblos y 15 nacionalidades, y lanzó una advertencia el pasado martes que puede convertirse en un nuevo estallido social de consecuencias imprevisibles.

Tras el paro nacional de 18 días en junio último, el gobierno del banquero multimillonario, muy reconocido en el mundo financiero internacional, tuvo que sentarse a dialogar con la Conaie sobre diez puntos planteados por las bases.

Durante 90 días, las partes negociaron, pero el resultado no fue el esperado por la Conaie, según reconoció su presidente Leónida Iza, de gran prestigio en Ecuador por su combatividad y liderazgo.

El diálogo fue denso, pero al final las partes llegaron a consenso en 218 puntos -así se dispusieron los distintos temas- pero hubo 79 sin coincidencia alguna, muchos de ellos sobre cuestiones sustanciales para el desempeño social.

Iza declaró a la radio local Sonorama, que hubo acuerdos parciales y mínimos, “pero no quedamos satisfechos y si el Ejecutivo no comienza ya a implantar lo consensuado habrá reacción social y no porque la dirigencia lo quiera, sino por decisión de las bases. Van con retraso y exigimos su implementación inmediata”.

• Consulte además: Muestran fuerza política indígenas y población ecuatoriana (+Audio)

Reiteró que el miércoles 19 conformarían una mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo pactado con su organización y también con el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

En su entrevista con Rado Sonorama, el líder indígena respondió a declaraciones del ministro de gobernabilidad, Francisco Ramírez, quien este lunes anunció una nueva reunión para definir la ejecución de lo pactado.

Durante las conversaciones, y al menos en papel, quedaron resueltos asuntos como subsidios, control de precios, medioambiente, explotación petrolera, agricultura y derechos laborales, entre otros.

Pero la Conaie y su líder están inconformes, porque, dijo, "en el proceso de diálogo los temas sustanciales quedaron pendientes, los acuerdos parciales deben llevarse a la práctica; la discusión sobre cambios en la matriz productiva y económica debe ampliarse a toda la sociedad".

En ese mismo sentido, Iza apuntó que "hay importantes avances y hemos hecho entender al gobierno el problema de afectación directa a las pequeñas economías cuando se salvaguarda con subsidios a los grandes sectores productivos, que sí pueden sostenerse".

Sobre los subsidios a los combustibles, reclamados por la población, aclaró que no hubo un acuerdo total, solo sentaron las bases para definir quiénes deben recibir beneficios, pero en su opinión los precios que se topen serán para todos, ya que –y al parecer esa será la nueva tormenta que se avecina-  no puede haber beneficios para los grupos favorecidos desde hace 20 años.

La suscripción de los puntos aceptados por las partes ocurrió hace una semana, y, según la Conaie y las otras organizaciones presentes en el diálogo, seguirá la lucha hasta que el régimen de Lasso acepte la solicitud, por ejemplo, de la reparación integral a las víctimas de las movilizaciones de 2019 y 2022.

La relación entre el Palacio de Carondelet (sede gubernamental) y la Conaie están deterioradas, dadas las acusaciones del presidente sobre su eventual derrocamiento impulsado por esa organización.

En el criterio del dignatario, las protestas de hace cinco meses buscaban generar un golpe de Estado en su contra, mientras en las calles morían tres manifestantes, y decenas resultaban heridos por la represión de la policía.

REFERENDO DE CAMBIA Y CAMBIA

El gobierno neoliberal de Lasso también tiene sus discrepancias con la Corte Constitucional, que no aceptó las ocho preguntas de una consulta popular, preámbulo de reformas constitucionales a favor de las clases pudientes, tal como dicta su ideología derechista.

En el dictamen de calificación, la Corte admite los eventuales cambios a la Carta Magna en calidad de enmienda para seis de las ocho interrogantes, pero las dos rechazadas alteran elementos constitutivos del Estado ecuatoriano.

El órgano admitió las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 relacionadas con la extradición de ecuatorianos que cometieron delitos transnacionales, la autonomía de la Fiscalía para evaluar a su personal, la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, el aumento de los afiliados a partidos políticos, la incorporación de un sistema de protección hídrica y la compensación a las comunidades por apoyar iniciativas ambientales.

Las 1 y 6 rechazadas proponían incluir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado y la eliminación de la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana.

• Consulte además: Ecuador: un estado de excepción que no frena la lucha social

Para la Corte, la separación “es de tal envergadura que la mínima intervención de las Fuerzas Armadas, fuera de sus funciones de defensa de la soberanía, se da en contextos específicos y con un mecanismo especial. Este cambio afecta las funciones definitorias de las Fuerzas Armadas, como garantes de la soberanía del Estado”.

Otro golpe al gobierno fue el rechazo a que la Asamblea Nacional, con incidencia del poder Ejecutivo, reemplace al Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades de control. Ello minimizaría la participación de la Asamblea y generaría un desbalance respecto al Ejecutivo.

En el dictamen, el órgano constitucional refiere que los términos propuestos en la solicitud, concentra el poder del Ejecutivo en el proceso de selección de al menos nueve autoridades de control de los poderes del Estado y la incidencia en sus demás funciones, lo cual contraviene el principio democrático de separación de poderes (…) fomentando el sistema presidencialista.

Ahora al régimen le resultará imposible, como esperaba Lasso, dictaminar quiénes serán los líderes del Consejo, uno de los logros más importantes del gobierno izquierdista del exmandatario Rafael Correa.

Otros tres asuntos podrían desvelar a Lasso, quien no pensó en encontrar la resistencia social que motiva su régimen y el incumplimiento de la campaña electoral, que lo llevó a Carandolet con su partido CREO.

Hace unos días –en coincidencia con el diálogo Conaie-gobierno- se celebró el Primer Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador, que reivindicó los derechos de los pueblos y nacionalidades autóctonas a la autogobernanza y autodeterminación. Los asistentes crearon la Guardia Indígena para fortalecer la defensa de los territorios, lo cual cayó como bomba al oficialismo.

Desde hace cinco años, el incremento de la actividad petrolera, la minería y la tala ilegal en reservas indígenas, que debían ser protegidas por el Estado, obligaron a diferentes pueblos y nacionalidades a retomar la Guardia Indígena, amparados por la Corte Constitucional.

En la cita estuvieron líderes de unas 20 comunidades autóctonas, que acordaron organizarse para protegerse de los peligros que acechan a sus territorios ancestrales. Pusieron como ejemplo la resistencia del pueblo kichwa de Santa Clara, que resiste la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, considerado sagrado por ellos.

Los pueblos indígenas están protegidos por el artículo 171 de la Constitución de Ecuador que indica: “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”. Por su parte, en el artículo 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se lee: “Deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

Ese marco legal contradice el discurso del expresidente Moreno y de Lasso, quienes aseguran que los guardias indígenas son miembros de grupos paramilitares o parapoliciales.

Otras dos situaciones de amplia repercusión social también sacuden al régimen ecuatoriano: el debilitado sistema carcelario abandonado por el Estado. Se estima que en cada cubículo hay el triple de presos posibles, sin espacio –la mayoría sin juicio celebrado- y pésima alimentación e higiene.

Desde febrero de 2021 hasta este mes hubo ocho motines carcelarios, con un saldo de 373 presos fallecidos de manera violenta, aunque el oficialismo insiste en que son trifulcas entre bandas rivales de delincuentes comunes o mafiosas por el control territorial del narcotráfico.

Mientras, la sociedad ecuatoriana exige justicia para la abogada María Belén Bernal, quien fue asesinada en la Escuela Superior de Policía “General Alberto Enríquez Gallo”, en Quito, durante una visita a su esposo, el teniente Germán Cáceres el pasado 11 de septiembre. Cáceres es el principal sospechoso y se encuentra prófugo de la justicia.

El suceso, según las investigaciones, ocurrió con la complicidad de los miembros de ese cuerpo armado que la vieron entrar, y escucharon golpes y pedidos de auxilio de la abogada. Su cadáver apareció varios días después en una zona aledaña a la escuela.

A estas situaciones se une la tensión económica, la inseguridad ciudadana, fenómenos naturales, como sismos de diversa categoría y otros graves asuntos que golpean al pueblo ecuatoriano.