Chile, un volcán solo en reposo

Las recientes protestas populares en Chile, reducidas por el aislamiento social impuesto por la COVID-19, demuestran al régimen del derechista presidente Sebastián Piñera que las fuerzas sociales siguen en ebullición en espera del momento adecuado para reiniciar las grandes movilizaciones contra su política económica neoliberal.

Unas 200 personas volvieron a ocupar las calles en Santiago de Chile —además de otras ciudades— vestidos con overoles blancos y mascarillas de protección ante la pandemia global, y al igual que durante la revuelta popular iniciada en octubre pasado, la fuerza de Carabineros arremetió contra los manifestantes, usando sus equipos antimotines, con el saldo de varios detenidos.

Según expresan movimientos sociales chilenos, ni un solo día, aun en medio de la pandemia, el régimen de Piñera suspendió la detención de activistas políticos y personas que, se conoce, participaron en las protestas del pasado año, interrumpidas por la presencia de la pandemia en el país. Mientras, mantiene en prisión a centenares de jóvenes manifestantes del pasado año.

Datos oficiales indican que hasta el pasado miércoles se contabilizaban en ese país andino 23 048 confirmados del nuevo coronavirus y 81 fallecidos. Se han recuperado 11 189 enfermos, de acuerdo con el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zuñiga.

La atención del gobierno a la COVID-19 fue uno de los motivos que llevó a la calle de nuevo a los chilenos. En las pancartas sobresalía la leyenda: “Piñera es un virus peor que el coronavirus”, en alusión a su política económica neoliberal que continúa castigando a una parte importante de la población.

La vuelta a la Plaza Dignidad de la capital constituyó una jornada simbólica y un recordatorio del pueblo al gobierno: ese día era la fecha original programada para la realización de la consulta popular que busca el cambio de la Constitución Nacional heredada del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, cuyos artículos aun rigen el destino de la nación.

El referendo —avisó la administración— se efectuará, si los pronósticos de expansión se cumplen, el próximo 25 de octubre.

Para el diputado Diego Schalper, del partido oficialista Renovación Nacional, “Chile está en crisis”, y habrá que esperar el comportamiento de la COVID-19 en junio o julio para determinar si hay condiciones adecuadas para un plebiscito que tenga la participación y la legitimidad necesarias.

Sin embargo, para otros políticos, como el diputado Gabriel Boric, de la coalición opositora Frente Amplio, Piñera hará lo imposible por evitar la confrontación con la ciudadanía para cambiar la Carta Magna actual, dictada por la Casa Blanca, basada en un modelo económico neoliberal y sus consecuencias.

“Hay un sector de la derecha que nunca ha querido cambiar la Constitución y que está buscando cualquier excusa para tratar de instalar un debate en torno al tema. Yo quiero ser enfático en que: nosotros vamos a defender el itinerario constituyente, aunque no les guste”.

Boric aseguró que “esta no es una demanda de los políticos, sino de los ciudadanos chilenos”.

Si Piñera pensó que había convencido a la mayoría de sus aparentes buenos propósitos de compensar los pedidos urgentes del pueblo con una nueva Carta Magna erró de lleno, pues los chilenos conocen que detrás de cualquier acto de su gobierno está la oligarquía nacional a la que él pertenece.

De ahí que la razón detrás de las últimas movilizaciones sea la misma desde octubre y hasta el desborde de la pandemia: el descontento social ante las desigualdades del sistema político y económico vigente.

La activista social Paloma Grunet, quien participó en la subversión nacional contra Piñera en 2019, y ahora nuevamente, explicó a medios de prensa que la inequidad de los salarios y el acceso a la salud y a la educación es más visible en estos días de aislamiento.

 “Hay desigualdad, injusticia y un constante apoyo a los empresarios y grupos económicos”, precisó. “No hay credibilidad en el gobierno ni en la clase política”, dijo.

Uno de los sectores donde se observa la diferencia social es en el de la educación. La solución gubernamental de brindar clases en línea por Internet es solo para un pequeño grupo privilegiado. En este caso se puso en evidencia la desigualdad social de este país de 18 729 160 habitantes.

El tema chileno llama la atención de expertos internacionales. Para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, este último punto es justamente una de las cosas más importantes que explican el “rebrote” de las manifestaciones.

En declaraciones a la prensa británica, Saavedra explicó que “Lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar las desigualdades estructurales por las que se protestó en su momento”.

El especialista expresó que “Si en Chile antes se rechazaba la desigualdad en la salud ahora se ha hecho aún más evidente. Lo mismo ha pasado con la precariedad laboral, donde se ha visto lo frágil que era el sistema. Se demostró que el mercado no solucionaba los problemas porque ahora el propio mercado le está pidiendo ayuda al Estado”.

Las demostraciones del pasado mes expresaron que el descontento social no se puede esconder debajo de la alfombra.

El presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, consideró que “la protesta aún está viva y el cuestionar el plebiscito lo único que hace es alterar la tranquilidad que hoy necesitamos para controlar el coronavirus”.

No será fácil en Chile cambiar las estructuras vigentes. Cuando el general traidor Pinochet derrocó con un golpe de Estado militar al presidente constitucional y socialista Salvador Allende, y se rodeó de un grupo de graduados de la Universidad de Chicago que serían identificados como los Chicago boys.

Ellos se encargaron de ejecutar una estrategia económica que contempló la liberación financiera, relajamiento del control estatal de la economía. La inversión extranjera copó el país andino.

Uno de los pilares del modelo de Pinochet fue la creación de la nueva Constitución política de Chile, y la privatización de las grandes empresas estatales y los servicios básicos como la luz y el agua potable, la educación y la salud.

El cambio de esa política que lleva más de 30 años actuando como verdugo de la sociedad es la que el pueblo pretende cambiar. Tarea difícil, si se tiene en cuenta que el actual presidente —que llegó a tener solo un 6 % de aprobación en noviembre último— hará lo imposible por mantener las cosas como están.