La ilegalidad sabe mal en el paladar

Aunque no supiéramos el dato oficial de que la población económicamente activa de Cuba es de más de 5 millones de personas, y que de ellas más de medio millón (522 855) ejercen el trabajo por cuenta propia, bastaría con mirar a nuestro alrededor en cualquier lugar del país para saber que se trata de un sector en crecimiento y que su existencia no es coyuntural.

Tampoco es necesario tener la cifra exacta de 58 993 dedicados nacionalmente a la elaboración y venta de alimentos, para valorar que está entre las faenas más extendidas de prestación de servicios entre la población, y que está en visible proceso de expansión, pues en cualquier localidad es posible percibirlo, sobre todo en La Habana, donde hay más de medio millar.

Tales datos y las observaciones de la realidad convierten en una verdad de Perogrullo decir que desarrollar el sector no estatal es un objetivo estratégico, y que su coexistencia armónica con el estatal no obedece a coyunturas, sino que forma parte de una visión esencial para marchar hacia el futuro. 

Por eso, los controles realizados recientemente por el Gobierno de La Habana en un grupo de restaurantes privados de la capital no significan un paso para obstaculizar las gestiones de esos centros llamados “paladares” como una cadena de ese tipo de negocios que apareció en una telenovela brasileña de finales del siglo pasado.

Tampoco fue para impedir la apertura de esas unidades, pues desde el 24 de octubre se reanudó el otorgamiento de licencias (se otorgaron 22 nuevos permisos) que había sido suspendido temporalmente el pasado 16 de septiembre con el propósito de reanudarlos al concluir el proceso dirigido a verificar y encauzar el funcionamiento adecuado y legal de esos negocios.

Dada la importancia otorgada a este sector, en La Habana se creó un grupo de atención al trabajo por cuenta propia (TCP) para velar por el control y regular esta forma de gestión, y que recomendó estas comprobaciones y alertas en un sector en el cual hay más de 152 000 trabajadores en 201 actividades.

Tanto los que se refirieron malintencionadamente a esas inspecciones como los confundidos, ahora pueden ver abiertos La Fontana, en Playa; Atelier, El Farallón y Sarao, Plaza de La Revolución; La California, Centro Habana; El Pellizco, Guanabacoa; La Guarida, Centro Habana; Perla Negra, 10 de Octubre; el Chanchullero en La Habana Vieja, y otros restaurantes visitados por el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana, primero, para alertar sobre tendencias negativas y luego ejecutar los controles.

En esos intercambios se abordaron aspectos de esas disposiciones, tales como la hora de cierre a las 3 de la madrugada, la contratación de artistas a través de la agencia a la cual pertenecen, y evitar ser blanco de expendio de drogas, proxenetismo y prostitución.

Otros puntos chequeados en estos días fue la utilización de capital de dudosa procedencia para inversiones, emplear trabajadores sin licencia, y no establecer un contrato de trabajo.

Igualmente hallaron violaciones de regulaciones urbanísticas, trámites fraudulentos de compraventa de viviendas, ruido, importación de mercancías no aprobadas aduanalmente, restaurantes convertidos en clubes y discotecas; no pago de tributos, demoras en abonar las cuotas y subdeclaración.

En cuanto a no adquirir mercancías ilícitas, el contrabando y el delito de receptación con la argumentación de la no existencia de un mercado mayorista, cuya concreción ha sido muy difícil, se aclaró que quienes cometen esos delitos no quedan eximidos de responsabilidad.

Esta vez el control fue masivo, aunque rutinariamente se realizan por parte de entidades facultadas para ello, como la Dirección Integral de Supervisión y la dirección de trabajo y seguridad social en la capital; y que para ello se guían por lo establecido en el Decreto Ley 315 y la Ley 116 Código del Trabajo.

Se impusieron multas menores y de los 32 negocios inspeccionados (hay más de 500 restaurantes en La Habana), solo uno fue propuesto para su cierre por violar el alcance de la licencia otorgada.

En el saldo positivo de este control está propiciar un ambiente de legalidad en el desarrollo de las actividades, y la posibilidad de conocerse también los criterios de los trabajadores por cuenta propia, algunos de los cuales requieren más estudio y otras, aprobación por instancias superiores.

Otro resultado fue favorecer a los empleados que no tenían contratos escritos en el 80 % de los titulares, asunto que fue solucionado, y así  se garantiza la protección de los derechos de quienes se acogen a esta fuente de trabajo, que tiene alrededor de 37 000 contratados.

El control y la legalidad son elementos esenciales para el desarrollo del trabajo por cuenta propia en los restaurantes, pero no basta con acciones aisladas ni inestables, pues se requiere sistematicidad, lo cual es una característica pendiente en muchas actividades.

Estas acciones no son exclusivas para el sector no estatal, pues a lo largo de su historia, el estatal recibe inspecciones y también dispone de mecanismos internos para autorregularse.

En cualquier sitio del planeta, esos controles son constantes y quizás hasta tengan en cuenta una mayor cantidad de parámetros que observan con rigurosidad porque las penalizaciones son fuertes para los incumplidores.

Por tanto, se trata de un control dirigido a restablecer o fortalecer la legalidad en los más de 500 restaurantes habaneros de ese tipo, con acciones que no son nada extrañas en ningún lugar el mundo.