Para remediar los males

Un estereotipo pesa, desde su propia constitución en 1976, sobre la imagen del parlamento cubano, máximo órgano del Estado y el único con facultad legislativa. En los titulares y artículos de la gran prensa internacional se considera que la labor de los diputados de Cuba se circunscribe a levantar la mano en una plenaria cada seis meses, de modo unánime y automático; idea que han sembrado en la mente de algunos, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

En primera instancia, los medios cuestionan la capacidad analítica de los elegidos por el pueblo, negándoles de antemano legitimidad para representar los intereses de la mayoría. Tácitamente asumen que la única forma de gobernar un país es mediante el pluripartidismo; para ellos, todo lo que se aleja de esa concepción está más cerca de convertirse en dictadura.

El modelo de democracia que les funciona nada tiene que ver con el edificado por el sistema político de la nación caribeña, en el que el Partido no postula ni elige candidatos. La inexistencia de campañas electorales y de pugnas por el poder les hace conjeturar que quienes en Cuba poseen la autoridad para aprobar leyes y decidir los asuntos estratégicos son simplemente peones, que se limitan a aceptar lo que ya está escrito por mandato superior.

Estos medios de comunicación, al servicio de los intereses oligárquicos, apenas mencionan que la integración del parlamento es reflejo de los más disímiles sectores de la sociedad cubana y que todos los territorios municipales están representados en la Asamblea Nacional, pues se elige un diputado por cada 20 000 habitantes, o fracción mayor de 10 000; y el núcleo base del sistema, la circunscripción electoral, participa activamente en su composición.

Ninguna ley se lleva a plenario sin discusión previa de los parlamentarios con los organismos implicados. Existe un proceso de consultas, en el que se emiten opiniones, se brindan recomendaciones y argumentos para perfilar los enfoques jurídicos hasta que se logra una versión definitiva. La aprobación es unánime en muchas ocasiones porque se tuvieron en cuenta, antes de ese momento cumbre, las propuestas de los diputados. Así ha ocurrido siempre y recientemente se pudo constatar con la Ley de Inversión Extranjera y el Código de Trabajo, este último sometido también a consulta masiva con los trabajadores.

Fundamental en este proceso resulta el trabajo de las Comisiones permanentes. A ellas les corresponde mantener vivo el espíritu de la Asamblea y su funcionalidad en el periodo que media entre cada sesión ordinaria, una labor que realizan en su inmensa mayoría, sin contar con diputados profesionales, pero que poseen la misma responsabilidad y compromiso que sienten hacia el centro por donde reciben remuneración. Debemos recordar que la condición de diputado, según el artículo 82 de la Constitución, no entraña privilegios personales ni beneficios económicos.

En el recién concluido periodo de sesiones, pudimos apreciar resultados del desempeño efectivo de esas comisiones. Resaltaron los informes de fiscalización sobre asuntos muy sensibles como la educación, la salud, la agricultura, la industria, la construcción, etc. Estas comprobaciones constituyeron motivo de debate y de exigencia a dirigentes administrativos y funcionarios, pues señalaron dificultades que aun persisten en los diferentes ámbitos.

La trasmisión por televisión y otros medios de comunicación de los intercambios en las comisiones parlamentarias brindó una oportunidad de conocer más sobre la función que cumplen las personas que deben representar los intereses de sus electores, y constituyó una muestra de transparencia del gobierno.

Perfeccionar esa práctica, en aras de que no haya asunto que se discuta que el pueblo no conozca con profundidad, será desde ahora un reto para la Asamblea Nacional, que se abre a los nuevos códigos de la comunicación. Recientemente varios estudiantes defendieron sus tesis de diploma relacionadas con asuntos que le competen al parlamento; aportes que deberá también tener en cuenta.

De esa forma, cada parlamentario cubano cumple su encargo popular con la misión que el apóstol José Martí reflejó en su ideario, al referirse al concepto de diputado: “Hombre encargado por el pueblo para que estudie su situación, para que examine sus males, para que los remedie en cuanto pueda, para que esté siempre imaginando la manera de remediarlos”.