El Título III de la Ley Helms Burton: Otro desacierto en la política de Trump

Luego de cierta ambivalencia en sus percepciones y enfoques sobre Cuba durante la campaña electoral en 2016, la administración de Donald Trump inició un retroceso parcial en sus relaciones con Cuba a partir de la directiva presidencial de junio de 2017. El discurso hacia Cuba se llenó de calumnias y falsedades para justificarla.

Los supuestos ataques a la salud de sus diplomáticos, sobre los que no han presentado pruebas, han sido utilizados para dañar las relaciones diplomáticas y consulares, afectándose en particular la concesión de visas a cubanos para viajar a ese país, tanto en calidad de inmigrantes como de no inmigrantes.  

La Ley Helms Burton (1996) fue diseñada para asfixiar a la economía cubana y matar a su pueblo de hambre en los años que el país sufría el choque externo por la desaparición del mercado preferencial soviético y del campo socialista europeo. Se presumía por los estrategas conservadores de EEUU que tales circunstancias provocarían protestas populares e ingobernabilidad en Cuba, que abrirían el espacio al llamado cambio de régimen.   

Lo ocurrido desafió las predicciones de esos estrategas.   Si durante aquellos primeros años de la década de 1990, en que el producto interno bruto disminuyó casi el 40% no se logró la diseñada “transición” para conseguir la dominación de Cuba.  ¿Cabría esperar que ello sucediera ahora? 

Sin desconocer las adversas consecuencias que tiene el bloqueo económico, comercial y financiero sobre el ritmo de crecimiento del país, tampoco puede desconocerse que Cuba ha continuado avanzando en su sistema socioeconómico y político, aunque sea a un paso más lento. 

En 2018 se alcanzó un incremento del Producto Interno Bruto de 1.2%, por debajo de lo planificado, pero meritorio en las adversas circunstancias que se enfrentaron. En el último período se estimaron los daños del bloqueo sobre la economía cubana en más de 4 mil millones de dólares, lo que constituye una cifra considerable, comparable con los ingresos brutos anuales de la industria turística.   

No es una dádiva al gobierno de Cuba que el título III de la Ley HB de 1996  haya sido suspendido por todos los presidentes desde el demócrata William Clinton, el republicano George W. Bush por ocho años y Barack Obama por otros 8 años.   Ello se debe al reconocimiento de los desafíos que entraña para la política interna y externa de Estados Unidos la puesta en práctica de este título.  Incluso Trump mantuvo la postura de posponer su aplicación cada seis meses en 2017 y 2018.

En realidad el Título III es un bumerán para la política de Estados Unidos en el mundo, que ya tiene bastantes problemas. Su aplicación agravaría las tensiones tanto en el plano interno como en el internacional, esto último por su carácter extra territorialidad.

Reducir el plazo de considerar aplicar ese título a 45 días en lugar de seis meses, -- como fue anunciado por el Departamento de Estado el 16 de enero de 2019-- trata sin duda de aumentar el riesgo a potenciales inversionistas en Cuba.   Aunque a esta administración la caracteriza su incertidumbre, lo más probable es que Trump, experimentado en los negocios, considere no hacerlo y todo quede en el plano de las amenazas y las declaraciones.

No se descarta que siempre existirán algunos potenciales inversionistas temerosos, pero muy probablemente la tendencia al incremento de los flujos de capital hacia Cuba, que en realidad todavía es pequeño y no llena sus necesidades (calculadas en alrededor de 2 mil millones al año), no se espera declinará drásticamente. Cabe esperar seguirá creciendo como lo ha hecho el turismo, aunque sea a ritmo más lento, porque depende de las condiciones internas del país y los atractivos que tiene la economía cubana en el mediano y largo plazo, que no son pocos.

Si deciden aplicar el Título III, los mayores problemas los tendrá Estados Unidos, su gobierno y sus sistema de justicia, por la avalancha de cubanos emigrados devenidos ciudadanos estadounidenses con presuntas propiedades afectadas, aunque no certificadas por autoridades de Estados Unidos, tratando de lograr compensaciones contra propiedades extranjeras en ese país. 

Asumiendo se aplique dicho Título, sería un acontecimiento insólito y contrario al derecho internacional, e incluso podría ser considerado internamente como inconstitucional. 

Dañaría seriamente las posibilidades de que las propiedades de los estadounidenses, ya certificadas oficialmente puedan conseguir su compensación algún día, y haría casi imposible el proceso de negociación entre los dos países en el futuro. También generaría nuevas protestas y conflictos con aliados externos, de los que este gobierno tiene bastante.   

Podría preguntarse a los asesores de campaña para las elecciones de 2020 si esto beneficia o es un escollo adicional en la pretendida reelección de Trump.

Y lo que siempre olvidan, Cuba no es una colonia, dominio o estado de la Unión americana, entonces nada de eso será efectivo ni podrá tener efecto en el territorio cubano mientras Cuba siga siendo un “Estado socialista de derecho y justicia social, democrático ,independiente y soberano,…” como se expresa en la nueva Constitución.

Ningún ciudadano, institución, cooperativa o propietario cubano perderá en litigio celebrado en cortes de Estados Unidos ni la casa, ni la escuela o el hospital, la fábrica o la tierra.   Al inversionista extranjero lo protege el gobierno cubano, la Constitución, sus leyes y regulaciones.

Por todo ello y muchas otras razones, la nueva amenaza contra Cuba está condenada al fracaso, porque desconoce que las condiciones actuales del país son mucho mejores respecto a las existentes en la década de 1990. La política estadounidense de recrudecimiento del bloqueo y la amenaza de aplicación del Título III de la Helms-Burton, puede entorpecer el dialogo y la negociación de EEUU con Cuba, afectar su desarrollo, pero no tiene capacidad para rendirla y cambiarla.  

Dado que tal política tampoco sirve a los intereses comunes de los dos países y pueblos, más tarde o temprano se superará la actual coyuntura y se restablecerá un camino de acercamiento entre los dos pueblos y gobiernos, que permita sostener una relación civilizada, que respete la soberanía e independencia de Cuba.