Cualquier turista estadounidense que traiga de Cuba algún producto de la Isla se las tendrá que ver con la OFAC.

Cuando se trata de asfixiar a la economía cubana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una instancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no descansa en su rastreo meticuloso y hasta ridículo, de los negocios que hacen algunas empresas extranjeras con Cuba.

Importa nada si la compañía que le vende a la Isla o realiza transacciones financieras relacionadas con ella, es o no estadounidense. Si tan solo uno de los componentes de la mercancía es made in USA o la empresa que lo produjo tiene alguna sucursal en EE.UU., puede ser castigada con severas multas, la congelación y el bloqueo de activos, y sus directivos hasta corren el riesgo de ir a la cárcel.

Lo mismo sucede si sus subsidiarias en terceros países incurren en la violación de las absurdas leyes del bloqueo a Cuba, lo que demuestra el alcance extraterritorial que ha cobrado esa política después de la aprobación de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996).

La OFAC fue creada en diciembre de 1950 luego de la entrada de China a la guerra de Corea, cuando el presidente Harry S. Truman declaró el estado de emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos "sujetos a la jurisdicción" norteamericana.

Según reconoce la propia oficina y se lee en su página web, su misión es "administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales, basadas en los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los EE.UU., contra países extranjeros, terroristas, traficantes de narcóticos, y aquellos implicados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva".

Pero, para sus programas de lucha contra el terrorismo, la oficina parecería tener trabajando a "cuatro gatos". Sin embargo, la tropa de "mininos" es mucho más numerosa cuando se trata de hostigar a las compañías que tienen algún vínculo comercial con Cuba, o a cualquier organización no gubernamental que envíe donativos a la mayor de las Antillas.

Y es que la OFAC prioriza la tarea de investigar a ciudadanos norteamericanos que visitan Cuba para luego multarlos por violar una ley que les prohíbe ese derecho constitucional. Así, por ejemplo, los que muchos denominan "perros de caza" han multado a los participantes de la Caravana Pastores por la Paz y la Brigada Venceremos, porque vienen a Cuba a mostrar su solidaridad sin la correspondiente licencia de Departamento del Tesoro. Claro: ellos han desafiado la obtusa y criminal política anticubana.

Una prueba de esa "miopía" de la OFAC es que entre 1990 y 2003, sus agentes solo emprendieron 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo, y reunieron entre 1994 y 2003 la ínfima cantidad de nueve mil 425 dólares en multas relacionadas con esa práctica. Mientras, en ese mismo período, realizaron casi diez mil 700 investigaciones relacionadas con Cuba y recolectaron más de ocho millones de dólares en sanciones.

En noviembre de 2007, un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) daba cuenta de que entre 2000 y 2006, el 61 por ciento del total de casos de la OFAC estaban relacionados con la Isla, y que en similar periodo (2000-2005), las multas por las violaciones al bloqueo representaban más del 70 por ciento de los castigos impuestos por esa dependencia del Departamento del Tesoro.

Los paranoicos de la OFAC han llegado al extremo de inspeccionar los vuelos directos y los pasajeros con destino a Cuba, así como los que regresan de la Isla. También han confiscado a los viajeros, productos tales como tabacos y bebidas alcohólicas compradas en la Isla, y suspendido licencias para viajes humanitarios y religiosos a varias organizaciones. Para cumplir sus objetivos coercitivos, la OFAC ha preparado incluso a sus inspectores aduanales, quienes se encargan de detectar a los pasajeros "ilegales", no solo en los aeropuertos de Estados Unidos, sino en varios puntos de control establecidos en Bahamas, Bermudas y Aruba.

No se puede esperar menos cuando, entre quienes se han encargado de presionar a las administraciones norteamericanas —principalmente a la de W. Bush— para convertir a la OFAC en un ágil espía de las operaciones comerciales de Cuba y de los viajes que hacen a la Isla los ciudadanos norteamericanos y cubanos residentes en Estados Unidos, se encuentran los hermanos Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, pertenecientes al clan mafioso anticubano del sur de la Florida.

Sin embargo, confesos terroristas que viven en Miami siguen vanagloriándose de sus crímenes contra Cuba sin que las autoridades norteamericanas levanten un dedo al respecto, mientras continúan las persecuciones a empresas que tengan algún vínculo con La Habana. ¿Acaso entre las funciones de la OFAC no está también el castigo a quienes financian acciones terroristas, incluso desde territorio estadounidense?

Algunos quieren, no obstante, hacer creer que algo cambió porque la administración de Barack Obama ha permitido que los cubanos residentes en EE.UU. envíen remesas ilimitadas a sus familias o viajen a la Isla sin restricciones en sus estancias. Pero aún no gozan este derecho constitucional los residentes cubanos que no tienen familias en Cuba, ni los ciudadanos norteamericanos. Por otra parte, solo se trata del levantamiento de las sanciones aún más absurdas del llamado Plan Bush.

En tanto, la OFAC continúa su celoso cerco. Por ejemplo, en marzo de 2009, apenas casi dos meses después que Obama asumiera su puesto en la Casa Blanca, esa oficina multó a la Empresa Lactalis USA —filial estadounidense del gigante francés Lactalis— por una suma de 20 mil 950 dólares por "hacer transferencias financieras electrónicas en las que Cuba o un ciudadano cubano tenía interés", entre febrero de 2004 y marzo de 2007.

Un mes después, la OFAC castigó a la Compañía Varel Holdings con una multa de 110 mil dólares por haber hecho 11 exportaciones de bienes tecnológicos a Cuba entre junio de 2005 y junio de 2006.

Otras que no escaparon al mazazo —a pesar de que, como las anteriores, cometieron sus infracciones antes de que Obama llegara a la Casa Blanca— fueron MGE UPS Systems Inc, ahora conocida como American Power Conversion Corporation, y First Incentive Travel Inc, las cuales tuvieron que desembolsar a ese buró de rastreadores diez mil 341 y ocho mil 250 dólares, respectivamente.

Uno de los ejemplos que demuestra lo criminal del bloque es la persecución de empresas que venden a Cuba equipos médicos. Es el caso de la Philips Electronics of North America Corporation (PENAC), filial estadounidense del gigante holandés Philips, el cual tiene subsidiarias en más de 60 países. PENAC fue multada con 128 mil 750 dólares, porque, según el informe de la OFAC, uno de sus empleados "viajó sin licencia a Cuba en conexión con la venta de equipos médicos".

El banco australiano ANZ fue sancionado en agosto por el monto de 5,75 millones de dólares por haber violado las sanciones para Sudán y la Regulación de Control de Activos Cubanos desde 2004 a 2006, durante el mandato de Bush.

LA OSAMENTA JURÍDICA DEL BLOQUEO

El bloqueo se erige sobre una amalgama de leyes y disposiciones administrativas que han sido reforzadas durante diez administraciones norteamericanas, con el objetivo de destruir a la Revolución cubana.

Las primeras regulaciones de esta política contra Cuba se basan en la Ley de Comercio con el Enemigo, promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles.

En septiembre de 1961 se promulgó la Ley de Asistencia Exterior, mediante la cual el Congreso autorizó al presidente John F. Kennedy a mantener "un embargo total sobre el comercio entre Cuba y EE.UU." —aunque ya desde 1959 se venían aplicando medidas económicas restrictivas— y prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno de La Habana.

En 1978, luego de una revisión de los controles sobre las ventas al exterior, se aprobó la Ley de Administración de las Exportaciones, la que permitió al jefe de la Casa Blanca el control de las mismas, así como cercar las que, en su opinión, contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la tan cacareada seguridad nacional de Estados Unidos.

Luego del derrumbe del campo socialista en Europa del Este y su impacto en la crisis económica de Cuba en los noventa, el Congreso norteamericano lanzó una nueva ofensiva en su enfermizo afán de ahogar económica y políticamente a la Isla: la Ley para la Democracia Cubana, más conocida como Ley Torricelli. Esta legislación evidencia, como ninguna, el absurdo carácter extraterritorial del bloqueo, pues prohíbe el comercio con Cuba a las compañías subsidiarias norteamericanas o afiliadas a empresas estadounidenses, aunque estas radiquen en terceros países y operen bajo las leyes de esos Estados. Igualmente, los buques de terceros países que tocan puerto cubano no pueden entrar a territorio estadounidense en un plazo de 180 días.

Pero como para Washington lo absurdo no tiene límites cuando se trata de Cuba, cuatro años más tarde el presidente William Clinton aprobó la Ley Helms-Burton, la cual denegó la entrada a Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras (y sus familiares) que invierten en propiedades "confiscadas" en Cuba, y dio la posibilidad de que se presentaran demandas en su contra en tribunales norteamericanos.

Con esta, toda la legislación adoptada desde 1962 en materia de bloqueo es elevada a rango de ley, y limitó las prerrogativas del presidente para suspender esta política, las cuales pasaron a manos del Congreso.

La persecución continúa, y con su irracional política, Washington criminaliza la libertad de comercio y el derecho de un país a ser soberano.

Consulte además

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Fuente: EXCLUSIVO, 27/10/09